El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntas irregularidades en la compra en 2013 del edificio donde funciona el organismo. La citación es a raíz de un pedido que hizo el fiscal del caso Eduardo Taiano.
El magistrado resolvió indagar a 11 personas entre el 3 y el 31 de agosto en el marco de la causa en la que se investiga la compra por casi $44 millones del edificio de Perón 667, donde tiene su actual sede la Procuración General de la Nación (PGN) e instaló su despacho Gils Carbó, titular del organismo.
Además de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, serán indagados Osvaldo Leguizamón, Jorge Daniel Domanico, Héctor Zurita, Ignacio Costa Urquiza, Bárbara Jaureguiberry, Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto Daniel Martino, Adrián Marcelo González Fischer, Juan Carlos Thill y Guillermo Alfredo Bellingi.
De esta manera, el juez Ercolini admitió el pedido formulado el martes último por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el pago de comisiones en la compra del nuevo edificio de la PGN y si hubo irregularidades en la licitación a fin de favorecer a la parte vendedora.
En los considerandos de la resolución, el juez apunta a establecer si la compra del edificio fue "planeada y llevada a cabo desde los más altos niveles de decisión de la Procuración General de la Nación a efectos de que fuera adquirido por el aludido organismo, a la empresa Arfinsa Argentina Financiera SA".
También, si el proceso licitatorio fue "direccionado desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano", para que fuera adjudicado a Arfinsa Argentina Financiera SA.
Entre otras irregularidades, el juez aludió a la intermediación desempeñada por Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA, que cobró por esa función "una exorbitante comisión" de 7,7 millones de pesos, superior al 17% de lo percibido por la parte vendedora, "totalmente inusual en el mercado inmobiliario, que oscila entre un 3 y un 5%".
Al fundamentar la resolución, señaló además que "la abultada suma de dinero" fue entregada por Jaureguiberry a Juan Carlos Thill, "persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario" y medio hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, quien intervino en la licitación diseñada en la PGN y dependía de Gils Carbó.
En los considerandos, expone los fundamentos de la sospecha que derivó en las citaciones a indagatoria de 11 personas que intervinieron en una u otra forma en la operación inmobiliaria investigada, sea por la PGN o por Arfinsa, y respecto de los cuales el juez estimó que existen motivos para sospechar.
En este contexto y tomando en cuenta el presunto direccionamiento de la licitación, así como el vínculo que une a Thill con Bellingi, "se arriba también al estado de sospecha requerido para la etapa que se transita sobre la influencia que el primero de los nombrados pudo haber hecho valer en relación al segundo de ellos y éste, a su vez, con la anuencia de Alejandra Gils Carbó, sobre los demás funcionarios públicos que debían intervenir" en la licitación, para que fuera adjudicada a Arfinsa, añade.