Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) denunciaron que la Legislatura provincial busca "presionar" a la Justicia para que dicte la constitucionalidad del descanso dominical. Apuntaron contra una iniciativa aprobada el pasado martes en Diputados que insta al gobierno santafesino a pedirle al Poder Judicial que ponga fin con "celeridad" al conflicto suscitado a partir de la aplicación de la normativa.
Entrevistado por el periodista Juan Junco (A Diario, Radio 2), el director ejecutivo de la ASU, Juan Vasco Martínez, dijo estar "sorprendido" por el pedido de la Cámara baja provincial. "Es una clara ruptura del principio de la separación de poderes".
El texto aprobado señala que la Legislatura "vería con agrado que el Poder Ejecutivo solicite al Poder Judicial que, a través de los organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para poner fin con la mayor celeridad al conflicto suscitado a partir de la aplicación de la ley 13.441, de Descanso Dominical y la ordenanza municipal de la ciudad de Rosario".
Para Vasco Martínez, esto "uno lo puede leer como presión". "Eso también sucede con los Ejecutivo de Rosario y de la provincia, que crearon caldo cultivo alrededor del fallo con la apelación interpuesta. Creemos que es improcedente", añadió.
Además, llamó la atención sobre las "opiniones de los ministros de Trabajo y Producción de Santa Fe y del Sindicato de Empleados de Comercio contra las empresas que obtuvieron el amparo". "Me tocó escuchar amenazas. Es algo que forma parte de los conflictos políticos. Pero hay algo mucho más serio: la salida del cauce de actuación del Poder Legislativo", agregó.
"El fallo que habilitó la apertura tiene opinión mayoritaria. Tres votos dicen que (la norma) es inconstitucional, uno dice que es constitucional y un quinto indica que la vía procesal usada no es la correcta para fallar sobre el fondo de la cuestión", explicó.
El director ejecutivo de la ASU manifestó que es "bastante claro" que la Legislatura provincial "legisló sobre un poder del Ejecutivo nacional", por lo que consideró que la normativa que está vigente "es inconstitucional". "Por lo tanto, las ordenanzas que se dicten sobre la misma también", concluyó.
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