La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, presentaron este miércoles el megaoperativo“Alijo Guasú”, en el que se desarticuló una red internacional de contrabando que traficaba celulares y equipos electrónicos entre Argentina y Paraguay. Como resultado de los procedimientos hubo 21 personas detenidas, incluyendo a tres funcionarios de la Aduana, y la incautación de bienes ilegales valuados en 85 millones de pesos. Parte de los artículos de contrabando llegaban a Rosario.
“Esta banda había establecido todo un sistema de contrabando para nutrir de artículos electrónicos a una cantidad importante de negocios en todo el país”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó: “Todos los equipos venían desde Ciudad del Este y hubo que romper muchos micros y camiones en los que escondían los elementos”.
En la conferencia de prensa celebrada en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el barrio porteño de Monserrat, participaron el secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, y el director nacional de Investigaciones, Rodrigo Bonini.
“Con parte del dinero mal habido compraban automóviles y camionetas. Además, iban armados para enfrentar a los controles que disponen las fuerzas federales en las rutas”, subrayó Bullrich. Y añadió: “Incautamos celulares muy viejos, similares a los que secuestramos en Rosario en varias oportunidades: las organizaciones narcos utilizan estos teléfonos antiguos para usarlos una vez y descartarlos rápidamente”.
El inicio de la investigación
El megaoperativo “Alijo Guasú” –del guaraní “gran tráfico ilegal de mercancías”– comenzó a partir de un procedimiento de rutina que realizó la Gendarmería Nacional a principios de 2017.
En ese entonces, los gendarmes interceptaron un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Zárate. Proveniente de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, se decomisaron 20 celulares que estaban ocultos en una mochila.
Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, se inició una pesquisa para dar con el origen de los teléfonos. Así, con registros fotográficos, fílmicos, escuchas telefónicas y seguimientos, los detectives del departamento Delitos Federales de la Policía Federal determinaron que no se trataba de un hecho aislado sino que, detrás, existía un verdadero entramado criminal.
Modus operandi
La organización ingresaba desde Paraguay la mercadería de contrabando, en su mayoría celulares y artículos electrónicos, a través del Puente Internacional “Tancredo Neves”, cruce fronterizo con Puerto Iguazú.
Luego se comercializaban tanto por vía mayorista como minorista, principalmente en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Lo recaudado por la organización volvía a Paraguay.
Para llevar a cabo todo esto, la banda contaba con una estructura donde los roles estaban bien definidos. La cabecilla se encargaba de administrar la logística, en permanente contacto con los paseros, quienes ingresaban los bienes en micros, autos y camiones, y los transportistas, que solían ser camioneros o conductores de ómnibus de larga distancia.
A su vez, la principal investigada era el nexo con los empleados desleales de la Aduana, responsables de hacer la “vista gorda” durante los controles en los que entraban los artículos del contrabando.
El resto de la red delictiva estaba constituida por distribuidores y comerciantes, último eslabón de la cadena para la venta de los equipos electrónicos a clientes en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Con toda la información recabada, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de González Charvay, ordenó 30 allanamientos: once en Misiones, repartidos en Eldorado, Posadas y Puerto Iguazú; siete en Capital Federal; siete en las localidades bonaerenses de Junín, Chivilcoy, Arrecifes, Villa Domínico, Temperley y Villa Madero; y cinco en Rosario.
De esta forma, los uniformados arrestaron a 21 miembros de la organización, entre ellos a su líder y a tres funcionarios de Aduana, y secuestraron productos valuados en 85 millones de pesos. Se trata de más de mil celulares, más de 480 computadoras y consolas de videojuegos, cinco máquinas para contar dinero, 4000 fundas para teléfonos móviles, 2000 vidrios templados, 300 cargadores y 320 pantallas táctiles.
Asimismo, se decomisaron 18 autos y camionetas, cinco motocicletas, tres armas de fuego, 120 municiones y dinero en efectivo fruto de las actividades ilegales: casi un millón de pesos, más de 91 mil dólares, más de 13 mil reales, 400 mil guaraníes, 1600 euros y 10 libras esterlinas.