El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, asumió este martes lo que consideró "el mandato" del referéndum del 1º de octubre para que la región sea independiente, pero suspendió los efectos de la declaración de independencia para abrir un proceso de diálogo.
"Asumo el mandato del pueblo de Cataluña para que sea un Estado independiente en forma de República", dijo Puigdemont en un discurso en el Parlamento regional en el que habló en español y catalán, y en el que aseguró que las urnas, el 1 de octubre, fijaron un recorrido que él está "dispuesto a transitar".
A continuación propuso dejar en suspenso la declaración de independencia para que "en las próximas semanas" se emprenda un diálogo y emplazó al gobierno español a aceptar una mediación.
Ello, explicó, en un intento de "desescalar la tensión" con el Estado español, al que pidió "un gesto de generosidad y responsabilidad".
La primera reacción del Ejecutivo español fue restar validez a una "no declaración de independencia" como la anunciada por Puigdemont, que además, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se suspende "inmediatamente".
Además dijo que no se puede dar por válido un pronunciamiento que parte de un ley, la del referéndum aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento catalán, suspendida por el Tribunal Constitucional y de una consulta "con un recuento irregular".
Según el líder catalán, su Ejecutivo celebrará una sesión ordinaria para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente.
En su discurso y hablando en español, Puigdemont afirmó que no tiene nada contra España, pero apuntó que la relación es "insostenible" después de años de lo que consideró agravios por parte de las autoridades españolas.
Entre ellos mencionó lo que consideró "menosprecio" a la lengua y la cultura catalanas, la falta de inversiones y la decisión del Tribunal Constitucional en 2010 de recortar el Estatut (norma básica en Cataluña) que había sido aprobado en consulta popular unos años antes.
Recordó que durante mucho tiempo ha reclamado un referéndum de independencia acordado como el celebrado en Escocia en 2014 pero se ha encontrado con "una negativa radical y absoluta" del Gobierno español.
La oposición en pleno criticó el planteamiento de Puigdemont, que calificó de "golpe a la democracia", y le acusó de representar "el peor nacionalismo" que ha existido en Europa.
"Una minoría no se puede imponer a una mayoría", dijo el líder socialista catalán, Miquel Iceta, al considerar que los resultados del referéndum del 1 de octubre solo representan a un 38 % de población de Cataluña.
La intervención del líder catalán se retrasó una hora por las desavenencias surgidas en el último momento con uno de los grupos que le han venido apoyando, el partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Su portavoz, Anna Gabriel, mostró su decepción por el discurso de Puigdemont y reconoció que "tal vez hemos perdido una ocasión" porque la república podía convertirse en un "medio de negociación".
Después de varios días de tensión y debate interno Puigdemont optó por una fórmula menos radical de lo que había anticipado.
Mientras tanto, en las cercanías del Parlamento catalán, miles de partidarios de la independencia seguían la intervención de Puigdemont en medio de grandes medidas de seguridad.
Desde el 1º de octubre Cataluña registró el cambio de sede social de grandes empresas a otros puntos de España ante el temor a la inseguridad jurídica y la incertidumbre de la eventual declaración de independencia.
Ha sido el caso de bancos como CaixaBank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa, la empresa Aguas de Barcelona y la concesionaria de autopistas Abertis.
Además, numerosos líderes internacionales, entre ellos los de la Unión Europea, pidieron a Puigdemont que no declarase la independencia.