Familiares de los cinco efectivos de Asuntos Internos detenidos en por la causa Franco Casco e imputados por el delito de "desaparición forzada", en su caso por encubrimiento, criticaron el estado de detención y reclamaron la libertad, a pocos días de que el juez federal Carlos Vera Barros resuelva su situación procesal.
Los involucrados de esa dirección provincial son el ahora ex titular Aníbal Candia y su segundo, Sergio Pieroni, como así también Carlos Ríos, Daniel Escobar y Pablo Siscaro. Junto a ellos, personal de la comisaría 7ª y otros efectivos, en total 31, permanecen sospechados por el fiscal federal Marcelo De Giovanni y el Juzgado Federal N°3.
Respecto del personal de Asuntos Internos, tanto su entorno como el abogado que los representa, José Alcácer, hacen hincapié en una serie de claves que detallaron este jueves en un informe que presentó el periodista Hernán Funes en Telenoche (El Tres).
Sostienen que estos cinco acusados no participaron de la detención de Casco y trabajaron en la búsqueda del paradero cuando aún no habían encontrado el cuerpo del joven en el río. En ese sentido, actuaron bajo órdenes de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“No cubrieron a nadie de la comisaría 7ª porque nunca tuvieron orden de investigar al personal. Sí recibieron un oficio del fiscal para averiguar el paradero de Franco Casco e iniciaron una investigación”, aseguraron familiares.
Argumentan también que los efectivos “son quienes dejaron al descubierto que una médica de Policía no podía haber revisado a Casco”, ya que hay un itinerario declarado que se superpone y es imposible de cumplimentar.
Además, dicen, desbarataron una pista señalada como "falsa" al descartar que haya sido Casco quien aparecía en un video ingresando a una iglesia luego de su detención.
Y, finalmente, los allegados de los cinco detenidos de Asuntos Internos esgrimen que aún si existe imputación, “no corresponde el rechazo de los planteos de libertad argumentado peligro de fuga o peligrosidad procesal porque se presentaron espontáneamente en el juzgado apenas trascendió el avance de la causa”, y que a tres años no podrían cambiar ninguna prueba.
“Lo que les ordenaron, lo cumplieron. No tuvieron nada que ver, no encubrieron nada. Trabajaron responsablemente y aportaron a la causa. Todos queremos saber qué pasó con Casco, pero queremos que nuestros familiares salgan en libertad”, concluyeron los allegados.
Ahora, el juez Vera Barros debe resolver si procesa o no a los involucrados, que ya fueron indagados luego de la detención.