El juez federal Javier López Biscayart procesó el miércoles sin prisión preventiva al empresario detenido Lázaro Báez. Fue por supuesta evasión impositiva a través de las empresas del Grupo Austral Construcciones. Además, le trabó un embargo de 250 millones de pesos, tal como lo hizo con su hijo Martín, a quien también procesó en el mismo expediente.
López Biscayart sostuvo que los Báez, algunos directivos del Grupo Austral y dos funcionarias de Afip participaron de una maniobra de evasión de más de 70 millones de pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al IVA.
Se trata de una causa que se originó en 2013 a raíz de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, que afirmó que distintas empresas del Grupo Austral, de Báez, estaban intercambiando facturas truchas entre sí para evadir el pago de impuestos.
A partir de esa denuncia se investigaron las consecuencias tributarias de los convenios celebrados "entre La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA en las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente los ejercicios 2010 y 2011", según el fallo de 137 páginas emitido por López Biscayart.
Entre los procesados se encuentra también el presidente del Grupo Austral, Julio Mendoza, y el contador Claudio Bustos, y las funcionarias de Afip Monica Majhen Otero y Fabiola Bartra Alonso.
El fallo se conoció en el mismo día que el empresario, que amasó su fortuna como concesionario de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, pidió el cese de su prisión preventiva, porque el 5 de abril se cumplirá el plazo de dos años previsto para ese tipo de medida cautelar.