El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 del caso Hotesur autorizó a Florencia Kirchner a permanecer en Cuba hasta el próximo 15 de abril. Esta resolución se contrapone con lo que dictaminaron otros jueces que mantienen por el momento el pedido de regreso para este jueves 4 de abril.
En efecto, el TOF 8 es uno de los tribunales en los que Florencia tiene que rendir cuentas por lo que resta esperar la respuesta del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, ya que las exigencias de ambos son independientes.
El TOF 5 había intimado a la hija de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a presentar su historia clínica para luego evaluar la posibilidad de revisar su postura de obligarla a regresar al país.
Es que ese Tribunal había decidido mantener vigente la fecha del 4 de abril para el regreso impuesto a Florencia Kirchner, pero abrió la posibilidad de revisar esa postura si la defensa de la imputada presenta entre este martes 2 y miércoles 3 de abril la información requerida para poder ser evaluada.
"No comprendemos por qué el TOF quiere que esté acá. No tiene ningún trámite judicial a la vista ni hay fecha de juicio. Además, los peritos de la corte dicen que debe volver cuando le den el alta", habían expresaron desde la defensa de Florencia.
La hija de la ex mandataria viajó a Cuba con permiso judicial y luego se pidió una prórroga por encontrarse bajo tratamiento médico por un linfedema. El Tribunal concedió un permiso hasta el 4 de abril, algo que ahora su defensa pidió revisar.
La senadora Fernández de Kirchner publicó el pasado 14 de marzo un video en su cuenta oficial de Twitter donde dio detalles de su viaje a Cuba que desató la polémica. Allí denunció que en el Gobierno de Mauricio Macri "se violan todos los derechos de nuestros hijos".
En tanto, el 21 de marzo, también a través de su Twitter, la exmandataria anunció que presentaría en Tribunales el resumen del informe médico sobre la salud de la joven.
En la causa Los Sauces, serán juzgados la ex presidenta, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia, y otros procesados por supuestos delitos cometidos con alquileres de propiedades de la familia presidencial a beneficiarios de la obra pública.
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