Esta semana tendrá lugar una audiencia ante la Justicia por el deplorable estado de un tramo de la autopista Rosario-Córdoba y desde la organización Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) adelantaron que exigirán “que Vialidad Nacional haga las obras” para reparar la calzada.

Se trata de una ONG rosarina que inició una acción colectiva para que se intime al ente nacional a una urgente reparación y señalización de la ruta, fundamentalmente en la mano hacia la ciudad entre los kilómetros 336 y 314, “el sector más crítico”.

“Es una situación insoportable, por la que la jueza federal Sylvia Aramberri (del Juzgado Federal de Rosario Nº 2) intimó a Vialidad a que informe quiénes son los encargados del mantenimiento”, dijo en El Tres Juliana Ruchelli, miembro de UCU.

 

Y señaló que el organismo dependiente del Ministerio de Transporte “respondió que le correspondía a CincoVial, la anterior concesionaria”, ante lo que remarcó: “Sospechábamos que iban a empezar a endilgarse responsabilidades entre ellos, por eso nosotros accionamos contra quien entendemos es la principal responsable, Vialidad Nacional”.

Argumentó que dicho ente “después puede delegar la concesión –para administrar la traza–, pero debe controlar que se cumplan los contratos y si no, es quien debe responder”.

La audiencia ante la Justicia federal será este viernes, “con fines informativos y conciliatorios”, dijo Ruchelli y adelantó: “Vamos a exigir que la jueza ordene que Vialidad haga las obras para que todos podamos transitar en condiciones de seguridad y dejemos de sufrir daños en ese tramo”.

Problema de años

El deterioro de la capa asfáltica del citado sector de la autopista es serio, lleva años y resulta evidente para quien lo transite: gran cantidad de baches, parches irregulares y deficiente demarcación, con el consabido riesgo de siniestros, especialmente cuando se circula de noche o en días de lluvia.

La intimación de UCU llegó luego de que numerosos usuarios de la autopista se negaran, en las últimas semanas, a pagar el peaje en Carcarañá, aduciendo el mal estado de la calzada, sobre todo entre esa ciudad y Roldán.

Incluso, en ese marco, la municipalidad de Carcarañá clausuró el mes pasado y por 24 horas las cabinas de cobro por falta de habilitación legal y ante la queja de los vecinos, aunque luego esa situación se regularizó. También hubo proyectos en el Congreso para suspender el peaje.

La administración de Vialidad también salió a prometer que la reparación comenzaría en marzo y que las demoras respondieron a “problemas administrativos”.