En el marco del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, la concejala Norma López presentó un informe sobre femicidios y la incidencia del uso de armas de fuego.
De acuerdo al relevamiento del Equipo de Género de la concejala Norma López, desde el 1º de enero hasta el 20 de noviembre de 2018, se registraron, en Argentina, 267 femicidios, mientras que en la provincia de Santa Fe, la cifra se ubicó en 34. Rosario y La Capital son las ciudades con registros más altos: 15 y 11, respectivamente. “Lo alarmante de estas cifras es que casi la mitad de las mujeres muertas en territorio santafesino fue por uso de armas de fuego. Es decir, 1 de cada 2 femicidios se cometió con un arma de fuego”, explicó la edila.
Comparando las cifras entre país y provincia, mientras que en Argentina, fueron 82 los femicidios que se cometieron con armas de fuego, es decir un 30% del total, mientras que en Santa Fe, de enero a noviembre, de las 34 mujeres muertas por violencia machista, 16 murieron con armas de fuego, es decir, un 47%.
En este sentido, López destacó: “Es necesario señalar que a nivel provincial registramos un 17% más que la media nacional. Y no es un dato menor a tener en cuenta el contexto de violencia en el que vivimos y el avance del narcotráfico en cuanto a la incidencia creciente del uso de armas de fuego. Ello habla a las claras de la situación que se vive en nuestra provincia donde 1 de cada 2 femicidios son cometidos con armas de fuego, en tanto que a nivel país en 1 de cada 4 casos se utiliza el mismo elemento. Sin dudas, esto implica un Estado ausente o laxo en cuanto a una política de control sobre las armas que circulan en el mercado legal. El acceso a un arma suele ser muy sencillo para la gente”.
La edila manifestó que es fundamental profundizar acerca del alto índice de uso de armas de fuego en relación con la violencia de género más extrema, como son los femicidios. “Resulta alarmante el elevado número de solicitudes de portación de armas de fuego por parte de varones. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los datos que brinda la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), los varones registran un 98 % del total de las solicitudes, mientras que las mujeres tan sólo un 2 %. En tal sentido, habría que estudiar la vinculación entre estas solicitudes de armas por parte de varones y los femicidios cometidos con este método”, expresó.
De acuerdo al trabajo realizado por investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), publicados en algunos medios nacionales, el 99% de los civiles armados son hombres y sólo el 1% mujeres, que en su inmensa mayoría se oponen a la adquisición de armas de fuego frente a la “inseguridad”. De este modo el estudio muestra la relación entre violencia de género y tenencia de armas de fuego: femicidios, homicidios y suicidios en los cuales las armas de fuego tienen un rol principal.
En el análisis del Equipo de Género de la concejala, destacaron que si bien la mayor cantidad de armas que circula pertenece al mercado ilegal también es cierto que de acuerdo a investigaciones realizadas en este sentido, la casi totalidad de las armas de fuego tienen un origen dentro de las normas y una parte de ese conjunto se desvía a la ilegalidad por negligencia, corrupción o contrabando.
Según Anmac, existen en Argentina más de un millón y medio de armas registradas, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. Pero lo preocupante es que no existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan. Según la Anmac, en el mercado negro hay otro millón y medio de armas pero otras evaluaciones elevan el número a cuatro millones. La concejala Norma López argumentó: “El Estado resulta un actor fundamental que debe asumir una política clara de control de armas, impulsando requisitos más estrictos tanto para el personal perteneciente a fuerzas de seguridad como para el resto de la sociedad civil”.
“Claramente –señaló– lo que se está haciendo no alcanza. Se deberían implementar mayores acciones y programas que fomenten el desarme. Por eso presentamos un pedido de informes sobre los casos informados por el Ministerio Público de la Audiencia a la Anmac en base al convenio de cooperación firmado el año pasado”.