El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió el viernes la imputación contra el presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A.
El dictamen del representante del Ministerio Público alcanzó también al ministro de Comunicación, Oscar Aguad; a su representante en el concurso del Correo Argentino S.A., Juan Manuel Mocoroa, y a la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli, entre otros.
En la ampliación de la imputación, el fiscal solicitó que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que había sido denunciado por la fiscal que interviene en ese expediente, Gabriela Boquin.
Por las presuntas maniobras de vaciamiento, Zoni imputó también a los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A. y a los síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentino S.A., según consta en el dictamen.
El dictamen de Zoni estuvo inspirado en otros dos escritos de Boquín: en uno se denunciaba el supuesto intento de vaciamiento de las cuentas del concurso de acreedores y, en el otro, la funcionaria manifestaba su oposición al pedido del gobierno nacional de suspender por 120 días una audiencia en el marco del concurso.
En el primer dictamen, Boquin había denunciado el aparente intento de "vaciamiento" de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario vinculado con la familia del presidente Macri.
"Correo Argentino S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas", sostuvo Zoni al hacer referencia a ese dictamen.
"Lo relatado obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A.", agregó el fiscal.
Otro de los dictámenes de Boquin considerado por Zoni en la ampliación de la imputación fue el referido a la voluntad del gobierno de postergar una audiencia en la que se iba a tratar la deuda del Correo, pedido que fue aceptado por todas las partes pero no por la Cámara Nacional Comercial.
"Resulta llamativo el accionar de las Sindicaturas en cuanto cuestionan la dilación del proceso pero a la vez relativizan las consecuencias de la suspensión de los 120 días requerida, sin oponerse", sostuvo Zoni en su dictamen de 12 páginas en le que solicitó más de 12 medidas de prueba.
"La aceptación a dicha suspensión resulta no menos que contradictoria con la defensa de los intereses de los acreedores concursales, entre ellos el Estado Nacional, ya que el paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores, por lo que la medida sólo favorecería a Correo Argentino S.A.", agregó.
La ampliación de la imputación por parte de Zoni se produjo luego de que el juez de la causa, Ariel Lijo, le remitiera las copias de los últimos dictámenes de la fiscal Boquin, que contenían denuncias contra los las partes intervinientes en el concurso del Correo.
La fiscal Boquin fue quien denunció a principio de año que el acuerdo que se aprestaban a firmar el Gobierno y el Correo Argentino S.A. en relación a una millonaria deuda de la empresa, era "abusivo" y "ruinoso" para las arcas públicas.
El caso llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, Retiro, donde se tramitan causas de corrupción, a través de cuatro denuncias: dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado independiente y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.