Un hombre llama a la redacción de Rosario3. Pide que se quite de una nota que no lo menciona ni lo identifica, el simple dato de que se llegó a una condena por declaraciones de testigos. La causa es renombrada y pone a un “pesado” del universo criminal local entre rejas.
Desde otro lado del teléfono se advierte el miedo.
Así deben pasar sus días muchas personas que han decidido colaborar con la Justicia o debieron hacerlo porque no tienen otra opción. Son testigos de crímenes, tienen información o están implicados en los mismos y al declarar en el marco de investigaciones judiciales pierden la garantía de seguir vivos. Ellos y sus familiares ya no podrán andar por la calle sin darse vuelta. Con mayor o menor exposición y riesgo consecuente, este año 1500 personas debieron recibir algún grado de protección estatal, que va desde un acompañamiento esporádico de personal policial, hasta la relocalización, es decir, el comienzo de una nueva vida en otro rincón de la provincia o del país.
La abogada Marina Pieretti es secretaria de Gestión de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe. Su tarea –ardua y compleja por cierto–es determinar qué tipo de acciones de reguardo deben activarse, ante la requisitoria de la Justicia, para brindarle protección a una persona que está o se siente en riesgo vital. Para ello, trabaja coordinadamente con el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos en el ámbito del Ministerio de Justicia y con el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, bajo la órbita de dos leyes con disimilitudes. “Actualmente existe una mayor demanda”, respondió la funcionaria ante la pregunta de Rosario3 en relación a la cantidad de personas que son resguardadas por su seguridad. Según confirmó, este año hay en el territorio provincial 1500 ciudadanos y ciudadanas que han accedido a alguna de las formas de protección estatal –la mayor parte de los casos están vinculados a homicidios o la narcocriminalidad– otorgada en proporción al riesgo que soportan, mientras que cuando comenzó a dedicarse a esta tarea específica en el MPA en 2014, se trabajó con tres protegidos. Ya en 2016 hubo un total de 80 intervenciones y el número no paró de subir desde entonces.
“¿Por qué me tengo que ir yo?” Muchas personas que conocen su estado de vulnerabilidad debido a su colaboración trascendental en una investigación judicial o bien por su aporte a una causa de impacto mediático –la ley provincial 13.494 también contempla a víctimas, testigos, jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales que puedan sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad, o bienes–tienden a resistir la herramienta que requiere un consentimiento voluntario. “Mucha gente rechaza estos programas, no quieren irse de sus casas por temor a que sean usurpadas, temen cambiar sus vidas, quieren preservar lo que tienen pero nuestra tarea es protegerlos y con ello, a la información que pueden aportar”, manifestó Pieretti, quien observó: “Muchas de estas personas temen por sus vidas pero sobre todo, tienen miedo que les pase algo a sus familiares, eso es lo mas común en los casos donde existe un alto riesgo. Lo que se conoce como la ‘vendetta’”. La gran pregunta es hasta dónde se extienden los límites de esa amenaza latente y la honda incertidumbre que despierta ser un blanco posible.
“Requieren un altísimo grado de contención que es el pilar para que empiecen a recuperar algo de tranquilidad”, añadió y señaló que para ello se requiere la intervención del equipo interdisciplinario del Ministerio Público integrado por psicólogos, entre otros profesionales.
En riesgo
Pieretti es quien analiza cada una de estas situaciones detrás de las cuales hay hombres y mujeres valiosos para el desempeño judicial pero que padecen angustia, incertidumbre y terror. La primera intervención es la evaluación del riesgo que tiene la persona en cuestión: “Es considerado riesgo bajo cuando es subjetivo, es decir, la persona tiene miedo pero no hay indicios concretos de que pueda correr peligro su integridad, existe un riesgo medio y un riesgo alto que tiene que ver con personas que poseen información clave”, explicó. Para determinar el grado de peligrosidad a la que se está expuesto “se analiza al imputado, a su grupo de acción, si el hecho en cuestión fue con armas o no, si fue planificado o al voleo, si son personas conocidas”. Y también, “se evalúa a la víctima, si es adulta, si vive sola o en familia porque si la persona protegida tiene 5 hijos, hay que ver cómo irán esos chicos a la escuela”, ejemplificó.
“Si se trata de un testigo, es alguien que tiene información, sube mucho ese riesgo y en general son los casos en los que se les ofrece una relocalización”, continuó. En ese sentido, confirmó que, actualmente, hay 16 personas que debieron abandonar su lugar de residencia para instalarse en otro rincón santafesino o bien, del país.
Los protegidos que han sido relocalizados deben comenzar una nueva vida. Algunos, incluso, deben cambiar de identidad pero son casos contados con los dedos de la mano. El programa se extiende por un límite de tiempo y puede renovarse de acuerdo a las circunstancias, bajo una evaluación psicológica y en acuerdo con la voluntad de volver o no de la persona. En esta instancia, se le otorga el dinero para un alquiler y un incentivo económico. “A estas personas se las suelta, es decir, nosotros no las tenemos más en nuestra órbita, sólo contactan con la dirección del programa de resguardo a cargo”, agregó al respecto Pieretti.
El grueso de las intervenciones, sin embargo, se limitan a una protección policial que también suele ser resistida. “Los abordamos y le explicamos que la vida se ha modificado y que deberán cumplir con los requisitos que implica el resguardo, deberán salir menos, cambiar hábitos porque de lo contrario el programa cesa”, apuntó.
“Una modalidad –precisó– es que se le asigne un móvil policial en la puerta de su domicilio, es una custodia que te sigue cuerpo a cuerpo, incluso adentro del domicilio, te lleva y te trae, te acompaña”. Por otro lado, y en la gran mayoría de los casos, se activan las llamadas rondas en las que interviene una unidad policial en una zona donde se registran varios pedidos de protección. De esta manera, el móvil policial tiene una base pero recorre con cierta periodicidad los domicilios asignados. “Muchas veces se acompaña con un contacto telefónico que puede ser cada 4 horas o cada 20 minutos, irá variando pero hay que admitir que muchos protegidos piden ser custodiados pero después terminan no atendiendo el teléfono, porque el resguardo les termina resultando muy pesado”, observó la abogada.
Por último, Pieretti evaluó que el sistema, en este momento, tiene un déficit que es la falta de resguardo en casos de violencia de género. “Existe una exclusión al respecto de parte de los programas, no existe ninguna mujer con medidas de protección que sea víctima de este delito en particular”, remarcó.
“Para la Fiscalía son herramientas procesales que deben ser preservadas pero estamos hablando de personas con miedo, muchas de ellas nos dicen que saben que en cualquier momento “se las van a dar” y es por eso que instrumentan todas las acciones que garanticen el cuidado de su integridad”, finalizó la funcionaria.