La Municipalidad de Victoria pidió a la Justicia federal levantar la medida cautelar de protección a las islas para evitar el ingreso de maquinaria pesada, construcción de terraplenes, tabicamiento de ríos y otras alteraciones del humedal. Trabajadores del río y ambientalistas alertaron sobre los posibles daños al ecosistema que podría generar ese cambio, justo en el inicio de la temporada de incendios.
La resolución judicial (aún vigente) impide trabajos en el Delta y había sido solicitada por ambientalistas y por el mismo municipio. Rige desde julio de 2020 con el fin de impedir las actividades humanas que dañan el ambiente y propagan los focos ígneos, algo que ocurrió con frecuencia en los últimos años.
Eso ocurre, por ejemplo, cuando un ganadero o dueño de campo cierra el curso de un río y seca una laguna con el fin de extender la capacidad de producción. Pero cuando el fuego se desata las islas se quedan sin cortafuegos naturales y las llamas se expanden. Esas alteraciones se hacen, justamente, con retroexcavadoras o dragas.
Aunque Victoria reivindicó su poder de policía sobre el territorio –en lugar de depender de un juez–, la medida alertó a ambientalistas y pescadores, que temen el ingreso de maquinaria pesada a la zona de reserva verde.
Florencio Montero, presidente de la Asociación Civil Solidaridad, Unión y Producción que reúne a 68 pescadores y otros trabajadores de las islas, manifestó su apoyo a medidas que alivianen la bajante histórica que sufre Victoria pero, al mismo tiempo, advirtió por el alcance de la innovación.
“Esa cautelar es para proteger a las islas de los terraplenes, incendios, taponamientos de los ríos, los arroyos cortados o de alambrados atravesando arroyos para que no puedan pasar los apicultores, ganaderos, pescadores o isleros. Entonces nos preocupa porque eso protegía los derechos de los trabajadores del río, que ante una violación de la cautelar podían hacer un reclamo formal en la Justicia o en el municipio”, planteó Montero a Rosario3.
Al mismo tiempo, el dirigente de los pescadores y la economía popular, enmarcado en la Utep, entendió que si esa limitación no es levantada entonces “la Municipalidad o la provincia no pueden realizar trabajos con maquinaria, de dragados y de apertura de cauces, o incluso taponar otros ríos para que no se vaya el agua”, como contó este medio tras una recorrida en lancha por la cuenca frente a la ciudad entrerriana.
Esos trabajos son, en parte, lo que reclama la Coordinadora del Agua, pero el propio Montero expresó una nueva luz de alarma: “¿Sin la cautelar, qué va a pasar con las prohibiciones que había para modificar el humedal?”.
El dirigente expresó su apoyo a las gestiones para que Nación se haga cargo de la crisis hídrica, en buena medida provocada por los sedimentos del dragado del canal del Paraná que tapan las bocas de agua y bloquean los cauces que nutren Victoria. En ese sentido, celebró la llegada de ingenieros hidráulicos del Ejército, previa a una eventual acción con maquinaria pesada.
La explicación oficial y la desconfianza
Desde la Municipalidad de Victoria señalaron a este medio que existen varios motivos para pedir la baja de la cautelar. En primer lugar, aclararon que el requisito legal no es de ahora sino de varios meses atrás pero trascendió en las últimas horas.
La comuna aseguró que la cautelar está vigente desde 2020 y lo que quiere es poder aplicar el Plan de Manejo de la Reserva de Usos Múltiples (RUM), ordenanza en la que se trabajó más de cuatro años.
El objetivo es “ejercer el poder de policía en el territorio (como corresponde por ley y ordenanza) y garantizar el agua a sus más de 40 mil habitantes”.
Para las autoridades de Victoria, la cautelar “deviene abstracta” porque ya hay maquinaria del Estado que interviene en el territorio para morigerar una emergencia hídrica que precisa de modificaciones humanas.
De hecho, Rosario3 estuvo sobre un terraplén que realizó la provincia para evitar que la poca agua presente en el riacho Victoria se vaya de la cuenca hacia el oeste. Sin cambios, el Poder Judicial tendría que perseguir y sancionar al Poder Ejecutivo de Entre Ríos que ya está modificando el ambiente.
Desde el municipio añadieron que en estos cuatro años cambió el contexto y la normativa. Entre Ríos sancionó una ley del ambiente y Victoria, después de años de debate, reguló el uso de los humedales como RUM. Una medida cautelar no puede reemplazar el poder de policía que tiene (o debería tener) Victoria, siempre según el argumento oficial dado a este medio.
Sin embargo, desde la ONG que promovió el amparo ambiental, Cuenca Río Paraná, no entienden porque buscan levantar una herramienta de control sobre los incendios –mediante una “acción preventiva de daños”– y rechazaron ese pedido a la Justicia.
“La Municipalidad de Victoria interviene en el expediente porque uno de los demandados en la causa civil ambiental, donde está dictada la medida cautelar, la cita como tercero. Esto es para complicar la causa, para complicar el progreso. Citan a la Municipalidad de Victoria y a la provincia de Entre Ríos. Las dos contestaron, hicieron algunos planteos, algunas atacando incluso la labor de la ONG, la Asociación Civil Cuenta Rio Paraná, excediéndose completamente. Supuestamente el municipio y la Provincia tienen la misma intención de proteger el ambiente que las organizaciones civil, pero parece que no”, reprochó Fabián Maggi, del equipo legal de la ONG, al sitio Era Verde.
El pedido formal se enmarca en la causa del Juzgado Federal de Victoria caratulada “Asoc. Civil Con Personería Jca. Cuenca Rio Paraná y otro c/ Baggio Rufino, Pablo y Otros s/ Expedientes Civiles”, Expte. N° 2.427/2020. La cautelar fue dictaminada el 1º de julio de 2020 por el juez federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, que establece medidas de restricción de actividades en los humedales del Delta del Paraná inferior para evitar los incendios.