¿Quién ordenó los crímenes de dos taxistas, un colectivero y un playero que generaron conmoción pública en Rosario a principios de marzo?
Después de los 30 allanamientos y las 7 detenciones –cuatro de mayores, tres de menores– que se produjeron este martes, las autoridades provinciales y nacionales están convencidas que hay un hilo que une los cuatro hechos y que el objetivo es producir una situación de desestabilización que obligue a los gobiernos a revisar su política de endurecimiento de las condiciones de los presos de alto perfil. Con lo cual hay una convicción de que la autoría intelectual proviene desde las cárceles.
“Tenemos algunas ideas de quiénes son los autores intelectuales. Entiendo que con un grado de importante de aproximación la Justicia los tiene identificados”, dijo este miércoles en el programa Radiópolis, de Radio 2, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. Pero se negó a dar más precisiones, porque “todo tiene que estar respaldado por la evidencia”.
Lo cierto es que fuentes vinculadas a la investigación deslizan que el plan desestabilizador se podría haber pergeñado desde la cárcel federal de Ezeiza, donde está detenido Esteban Lindor Alvarado.
Cococcioni se limitó a señalar que de los procedimientos en la calle y en los penales surge que hubo una “orquestación” que incluyó a presos alojados en cárceles federales y provinciales. También que se secuestraron varios celulares tanto en los procedimientos en la calle como en los penales y que espera que de los peritajes surja la evidencia que confirme las hipótesis investigativas.
Esa “orquestación” incluyó, según el ministro, no solo los asesinatos de los dos taxistas, el colectivero y el playero, sino también el ataque armado contra un colectivo que trasladaba agentes del Servicio Penitenciario.
En cuanto al motivo, Cococcioni coincide con el subsecretario de Integración Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini en que la ola de ataques “quiere torcer o condicionar las políticas públicas en materia criminal, fundamentalmente el mayor control de las cárceles” y el régimen penitenciario que endureció las condiciones de detención de los presos de alto perfil.
“Hemos podido neutralizar a los grupos que ordenaban asesinatos, extorsiones y todo tipo de delitos y seguían manejando las organizaciones desde las cárceles. Ha habido una reacción a estas políticas públicas”, remarcó el funcionario provincial, que celebró la actuación monolítica de las agencias de control del crimen de todos los niveles del Estado.
Destacó que el nuevo régimen penal para presos de alto perfil hoy tiene fuerza de ley lo cual le da mayor sustento jurídico, al punto que todos los hábeas corpus presentados hasta el momento por los reclusos pidiendo mayor flexibilidad fueron rechazados.
Y destacó que haber armado un grupo de requisas centralizado, que va a los penales sin que siquiera los directores de los mismos sepan, es fundamental. En ese sentido, mencionó una fragilidad: los inhibidores de señal que compró la gestión anterior no funcionan a pleno. “Algo inhiben, molestan, pero no obturan la posibilidad de usar el celular”. Una requisa efectiva, por lo tanto, es clave para impedir las comunicaciones.
En cuanto a la coincidencia de que en varios hechos se encontraron con que se usaron balas identificadas como de la policía, explicó que en los últimos años se registró una pérdida cercana a las 6 mil municiones. Incluso advirtió: “No sería de extrañar que las sigamos encontrando en otros hechos”.
En ese sentido, dijo que no se descarta participación policial en los cuatro homicidios de principios de marzo.
Por otro lado, descartó cualquier relación entre los ataques armados al Sindicato de la Carne y a cuatro frigoríficos con otros hechos de violencia registrados en la ciudad.
Y admitió que si bien hubo una fuerte baja en el número de homicidios en el primer trimestre del año, recrudecieron delitos contra la propiedad sobre todo en el macrocentro, entre ellos los arrebatos y robo de cables.