En tiempos en los que la integridad física de los ciudadanos de Rosario se ve amenazada por bandas criminales que (según la hipótesis principal de los fiscales que investigan los cuatro crímenes de la semana pasada) aspiran a recuperar privilegios carcelarios extorsionando al gobierno provincial a través de ejecuciones de personas inocentes, hechas al azar y en plena vía pública, no son pocas las voces que se alzan pidiendo que el Estado eche mano al recurso más agresivo y poderoso que tiene para reponer la seguridad perdida: las Fuerzas Armadas.
Y lo hacen reclamando mayores facultades que las que les otorga la Ley de Seguridad Interior, que sólo las habilita a participar como apoyo logístico e instrumental de cualquier plan de restablecimiento de la seguridad que ejecute el gobierno, objetivos para las que ya fueron convocadas por el ministro de Defensa, Luis Petri, en una resolución firmada el último 14 de mayo.
“El Ministerio de Defensa dispondrá, en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”, reza el artículo 27 de la citada Ley 24.059, invocada por el funcionario mendocino para designar al Coronel Mayor César Velarde como representante de las FF.AA. en el Comité Operativo Conjunto creado para esta oportunidad y enviar, como primer paso, 22 camionetas del ejército que serán utilizadas por Gendarmería, PSA, Prefectura, Policía Federal y Policía Santafesina.
La porción de la sociedad que vería con buenos ojos que dentro de esas camionetas vengan soldados dispuestos a combatir el narcotráfico en el territorio, en una lucha cuerpo a cuerpo contra los sicarios y sus jefes, se montan sobre la real necesidad de volver a vivir sin miedo, imaginando que el paso de efectivos vestidos con ropa de fajina militar, casco y fusil amedrentaría a los criminales y restablecería la paz, algo que (por ahora) la normativa vigente impide y que la experiencia en países en los que se ha escogido esa opción refuta.
Por qué los militares no
Ricardo Spadaro es un Comandante General retirado de Gendarmería (fuerza federal de naturaleza militar), veterano de la guerra de Malvinas y ex jefe de la prestigiosa Compañía de Tropas Especiales 601, además de abogado recibido en la UNR (Universidad Nacional de Rosario) y hoy director de posgrado de la Especialización en inteligencia estratégica y crimen organizado de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Es decir, es un hombre preparado en la teoría y en la práctica para opinar acerca de la aptitud (por ahora impedida por la ley) del ejército en operaciones de seguridad interior, a lo que se opone rotundamente.
“Incorporar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, técnicamente, sigue siendo un error. El estado tiene que mirar lo que pasó en México desde 2006, donde las fuerzas armadas no sólo no resolvieron el tema, sino que se generaron más bajas y el conflicto se agudizó. De hecho, hoy en ese país la violencia sigue intacta”, dijo Spadaro en Punto Medio (Radio 2).
“Yo puede meter todo el ejército que quiera en el plan de seguridad, pero primero: el ejército no entiende la problemática jurisdiccional; después, no entiende de cuestiones procesales y tampoco entiende cómo funciona el crimen organizado. Lo primero que necesitamos es reformular nuestras fuerzas armadas, que en tiempos de auge de la inteligencia artificial o la robótica, están realmente desvencijadas”, justifica.
Para el doctor Spadaro, está bien la convocatoria que se hizo esta semana: “Se pueden usar transitoriamente sus recursos logísticos para mejorar la capacidad operativa del plan, pero veo que hay un discurso que las pide basado en el desconocimiento de sus verdaderas capacidades y aptitudes”, afirmó.
Una policía que no está capacitada para actuar
Durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti, Spadaro fue convocado para actuar como Secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, además de conducir el organismo encargado de la inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad. Y de esa experiencia, que le resultó frustrante, obtuvo el suficiente conocimiento para diagnosticar tres aspectos clave que deben mejorar de manera urgente para que la provincia recupere la calma.
“En aquella época, cuando es electo Miguel Lifschitz, le planteé al gobernador un proyecto de ley para reformar completamente el sistema de estudios de la policía santafesina, que venía de la Ley de Personal Policial sancionada en 2006. Pero tanto él como el ahora gobernador y por entonces ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro, decidieron ir por otro camino”, se lamentó.
Spadaro cree que esa norma significó un paso atrás y tiene parte de la responsabilidad del estado actual de la policía provincial: “Esa reforma la descuartizó y generó una serie de asimetrías en su formación, conducción e integración de la que aún no se repone. Hoy hay 22.000 policías, de los cuales debe haber no más de 1.000 en condiciones de ser comisarios porque el resto no cumplió los ciclos mínimos de formación”, comentó.
Según el ex militar, quienes ocupan hoy los mandos de la fuerza no fueron capacitados en planeamiento, toma de decisiones ni inteligencia criminal porque los esfuerzos se dirigieron a la formación de nuevos policías, que al término del primer año de estudio, producto de la necesidad, ya son mandados ‘a la cancha’ sin la capacitación adecuada. “Así, por más que lleves a la Policía Federal, a Gendarmería o Prefectura, sin una buena policía local el problema no se va a arreglar”.
Menos garantismo y menos dilación para tomar decisiones
Por otro lado, Spadaro también reconoce otras dos piedras en el zapato para el accionar estatal contra las bandas criminales: la corriente garantista que inundó el universo jurídico nacional y la (para él innecesaria) intromisión política a la hora de tomar decisiones de actuación del comando unificado.
“Primero quiero aclarar que considero a la democracia como la única forma de vivir en sociedad. Pero digo que es un sistema perfectible. Y yo le veo a nuestra democracia un problema, que vengo señalando en mis cátedras desde hace años: la inundación en el pensamiento jurídico de la doctrina de Luigi Ferrajoli, un jurista italiano y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, que consolidó la figura del victimario como la verdadera víctima del delito”, manifestó.
“Esa serie de frenos al avance del estado, que en cierta medida son correctos, en Argentina derivaron en un pensamiento que apunta que el débil de la cadena criminal no es el que sufre el delito sino el que lo produce. Zaffaroni (N.de la R.: Eugenio, abogado, ex miembro de la Corte Suprema) introdujo en el país esta corriente de pensamiento sociológico que plantea que es la sociedad la que les impide crecer y desarrollarse a las personas segregadas, y por ende la sociedad debe asumir la responsabilidad por el pobrismo de esa persona, lo que acabó haciendo una melange que inundó la dogmática penal y que es incorrecta”.
Por otro lado, para Spadaro la designación del secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Mario Ventura Barreiro, al frente del Comité Operativo Conjunto sólo provoca demoras innecesarias en la toma de decisiones: “Quien lidere el comando unificado debe tener capacidad técnica y profesional para conducirlo. ¿Para qué generar un estado de incapacidad decisoria colocando a un secretario? Lamentablemente, poniendo un cuadro político se genera un estado de incapacidad decisoria en el gendarme o en el policía, cuando la ley de seguridad demanda y habilita a actuar sin consultar. Pero acá primero viene un funcionario y te dice que hay que consultarlo a él antes de actuar. Y ahí ya se produce un delay”.
“Ni hablar cuando aparece la figura del juez como consultor de una acción, cuando en realidad el juez por esencia debe actuar después del hecho, porque forma parte de un poder distinto. Pero acá no sólo actúa, sino que también define las acciones. Está todo patas para arriba, y no sólo en Rosario”, concluyó.