La delegación Argentina en Bolivia compuesta por organizaciones sociales, políticas y sindicales comunicó este sábado a la tarde un informe preliminar de las verificaciones sobre violaciones a los derechos humanos registradas en ese país desde el golpe de Estado.
En una conferencia de prensa se informó la existencia de "numerosas torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores, así como la falta de investigaciones judiciales y la ausencia de atención sanitaria a la población".
La comitiva había adelantado en un primer informe que "existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en la zona de Senkata, en El Alto, como consecuencia del actuar represivo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y el posterior encubrimiento de los demás autoridades judiciales, policiales y administrativas".
La delegación compuesta por dirigentes sociales como Juan Grabois (de la CTEP), sindicales como Daniel Catalano (ATE) y políticos, entre ellos el concejal de Rosario Juan Monteverde (Ciudad Futura), arribó el jueves a la noche Bolivia en medio de tensiones y agresiones de personas que los esperaban en el aeropuerto con información sobre ellos.
Hasta ese sábado relevaron, documentaron y sistematizaron los casos de violación a los derechos humanos por parte del gobierno de facto que derrocó al presidente Evo Morales. Entre ellos, adelantaron el testimonio de un joven que sufrió "un disparo de arma de fuego de las fuerzas que le ocasionó daño cerebral" en Senkata.
Entre los puntos del informe, se señala que "numerosos testigos han denunciado torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores", y que "entre los casos recepcionados se han recolectado testimonios que refieren haber encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida, y luego de su muerte. Asimismo, existen testimonios que refieren haber visto cuerpos mutilados y desmembrados", adelantó Télam.
También da cuenta de "amenazas a los abogados particulares" de las víctimas, y que "las defensorias públicas no están cumpliendo su función con perseguidos penalmente por falsos delitos", y que "en particular hay tres niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente".
"Hasta el momento hemos relevado casos de heridos alojados en sus casas y frente al peligro de la detención y la no atención correspondiente en hospitales y clínicas están sobrellevando esta penosa situación con total desamparo".
"Además, en muchos casos se les ha negado la atención médica de emergencia en razón de su ideología política en tanto fue sistemático el incendio de casas de dirigentes identificados con el MAS, y líderes políticos populares", sostienen.
El informe concluye con que "todo lo registrado hasta ahora refleja en profundidad que la actuación represiva y la violencia ejercida tiene su fundamento principal en el odio racista hacia el pueblo y naciones indígenas que integran el estado de Bolivia".
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