En la última sesión del año, la Legislatura de Santa Fe debatió un proyecto impulsado por el oficialismo sobre la “producción y gestión de información para prevenir el delito”. Se trata de la Gestión de Información para la Prevención del Delito (Ley de inteligencia) provincial, inédita en el país, a excepción de la nacional. La iniciativa tratada en la Cámara Baja propone la creación de una “agencia de inteligencia” con policías exclusivos para esa tarea, y es parte del paquete de reformas en materia de seguridad y justicia que propone el gobierno.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la diputada socialista Lionela Cattalini, resaltó que con esta provincia Santa Fe se convirtió en la primera provincia que cuenta con su propia Ley de inteligencia. “Hay necesidad y urgencia por lo que vivimos en Santa Fe, por eso esta herramienta que le damos al Ejecutivo para recopilar información que se hacía sin control”, manifestó.
Para la legisladora, la nueva norma permite “prevenir el delito, no de uno concreto, sino que dota al Ejecutivo de facultades de investigación especial, pero siempre con requerimiento, con autorización judicial”.
Hasta este jueves, esta tarea “funcionaba de manera desregulada” y advirtió: “Hemos tenido muchos conflictos, hechos muy malos, un espionaje ilegal que se cometió en el gobierno de Perotti con el entonces ministro (de Seguridad) Marcelo Sain. Él junto a otros funcionarios ocupaban su tiempo en eso en lugar de prevenir el delito, y hoy vemos las consecuencias, una de ellas es el cementerio de patrulleros”.
En ese sentido, apuntó: “La Inteligencia funcionaba sin transparencia, de manera aislada, y con esto se regula el control a través de la creación de una comisión bicameral”. Luego, aclaró que las personas que integren estos organismos deberán “establecer una carrera”.
“Queda prohibido el espionaje, el Estado investigará a partir de amenazas de delitos. Si esto ocurriera, tendrá las sanciones correspondientes, se sancionará sea quien sea”, agregó.
La eventual Central de inteligencia trabajará con fiscales y policías en investigaciones concretas, con autorización judicial y técnicas especiales. La ley propone la sistematización y ordenamiento de las herramientas para obtener información destinada a prevenir delitos, para luego plasmarla en investigaciones, y organiza la actividad poniéndole límites.
Los policías y ex policías que pasen a trabajar en la futura Agencia de inteligencia, según trascendió, una vez que integren la nómina de personal, no podrán volver a ser parte activa de la fuerza.