La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de la querella a cargo de la familia de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas fatales de la explosión del edificio de calle Salta 2141 ocurrida el 6 de agosto de 2013, por lo cual quedó firme la sentencia que condenó a cuatro años de prisión al gasista Carlos García y absolvió a las otras diez personas que fueron llevadas a juicio en la Justicia santafesina por la mayor tragedia de Rosario.
El planteo judicial hecho ante la Corte nacional tuvo lugar en agosto de 2022 y recién en julio de este año “se movió internamente”, dijo el abogado Adrián Gianángelo, hermano de Débora, al cumplirse una década de la tragedia en agosto pasado.
Si bien hasta el momento la querella no había sido notificada formalmente sobre esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde la familia le adelantaron a Rosario3 que planean llevar el planteo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta semana, el máximo tribunal de Argentina rechazó la queja presentada por la querella y desestimó la presentación, resolución que lleva las firmas de los cuatro jueces del cuerpo, Horacio Rosatti, Calor Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con fecha del 6 de septiembre.
La familia Gianángelo es la única entre las de las 22 víctimas fatales de la tragedia de calle Salta 2141 que se constituyó como querellante en la causa.
“Estamos muy solos, ni el Estado te apoya. Ninguna familia nos acompañó a querellar, fuimos en soledad. Ni siquiera el Ministerio Público de la Acusación nos acompañó, nos abandona a mitad de camino. El desamparo es total. Además, económicamente les quiero decir a las víctimas de Argentina lo que es ir contra una megaempresa y afrontar abogados penales que tienen tarifas diferenciales”, contó en agosto pasado Adrián Gianángelo.
De las 11 personas que fueron llevadas a juicio en la Justicia provincial, diez resultaron absueltas y solo el gasista Carlos Osvaldo García –quien manipuló el gabinete de gas aquel 6 de agosto de 2013– recibió una condena a cuatro años de prisión que actualmente cumple en prisión domiciliaria, ya que tiene 72 años.
La presentación, impulsada únicamente por la querella, fue la consecuencia de la sentencia de primera instancia en julio de 2019 dictada por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zavala y Carlos Leiva, y de la confirmación de la resolución en marzo de 2020 de los camaristas José Luis Mascali, Carina Lurati y Carlos Carbone, donde se responsabilizó solo a García por la tragedia. A eso se le agrega que la Corte de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja de la querella.
En las dos sentencias fueron absueltos por “insuficiencia probatoria” José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); y Pablo Miño (ayudante de García).
Las dos resoluciones estuvieron lejos de las pretensiones de la querella y la fiscal Graciela Argüelles –que llevó a cabo la investigación–, quienes habían solicitado una pena de cinco años de prisión efectiva para todos por la calificación legal de estrago culposo agravado. Cabe destacar que durante los alegatos de clausura del juicio de primera instancia, la fiscal luego pidió el sobreseimiento de Allala y Bolaño, gasista y reclamista de Litoral Gas, respectivamente.
Según la acusación, la explosión en la que murieron 22 personas y otras 62 resultaron heridas había sido la consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajó en la torre hasta el personal de Litoral Gas y los administradores del consorcio.