Referentes de pueblos originarios y de la CTA Autónoma se reunieron este jueves con funcionarios de seguridad y derechos humanos de la provincia para reclamar por hechos de represión y violencia en los barrios.
Luis Báez, referente del Centro Comunitario Manantial, de la comunidad Moqoit, que integra la Coordinadora Territorial y Gustavo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma provincial, se encontraron este jueves a la mañana con autoridades de Seguridad y Derechos Humanos de Santa Fe.
El motivo fue el reclamo por “la sistemática violencia institucional y la represión que sufren las comunidades originarias a manos de las fuerzas represivas del Estado”.
Los dirigentes fueron recibidos por el subsecretario de Seguridad, Diego Rodríguez, y por Sabrina Costa, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos. Compartieron una reunión que calificaron como “importante” y de la que salieron "conformes".
“Ambos funcionarios se comprometieron a seguir las causas que ya pasaron y cualquier otra represión que haya por parte de la policía en nuestros barrios. Le van a transmitir a las autoridades superiores todo lo charlado”, evaluó Báez.
“Planteamos la preocupación y la problemática que hay en las comunidades por las presiones y avasallamientos que hay. Le contamos lo que viene pasando durante todos estos años en cada una de las represiones que sufrieron las comunidades”, relató el referente originario.
Sobre las propuestas que llevaron a las autoridades, explicó que “necesitamos que se arme un equipo interlocutor de pueblos originarios respecto de esta problemática. No sólo en cuanto a seguridad sino en distintos temas. Les planteamos que es necesario mantener el diálogo con quienes ellos designen y que esté en la reunión quien tenga la decisión política y pueda responder ante estos hechos y los que puedan pasar. Ahora tenemos un contacto directo”, valoró.
“En esta solicitud de interlocutores judiciales se busca lograr una verdadera coordinación integral de las relaciones entre los pueblos originarios y el poder judicial. Eso significaría un precedente en la tarea de la justicia de Santa Fe por garantizar los derechos y un verdadero acceso al poder judicial de los pueblos originarios”, aseguró.
La reunión de este jueves se realizó tras la denuncia de un caso de violencia institucional que sucedió en el barrio La Cava, en la zona oeste de Rosario, el 7 de mayo pasado y también se llamó la atención sobre situaciones similares en otras localidades.
Racismo y discriminación
Por su parte, el Secretario General de la CTA Autónoma provincial, Gustavo Martínez, también evaluó el encuentro.
“Insistimos mucho en la necesidad de la conformación de un grupo de trabajo con interlocutores judiciales que sean miembros de las comunidades Qom y Moqoit de la provincia, que resuelvan no solo la cuestión del idioma sino que conozcan la historia, y respeten la cultura en el mas amplio sentido, que sepan de las necesidades y señalen sin vueltas el carácter racista, colonial y discriminatorio que inspira muchas de las acciones represivas y de hostigamiento contra las comunidades. Ademas solicitamos que se recopilen las cientos de denuncias que cuentan los organismos del Estado en los tres poderes y en sus distintos niveles”, expresó.
“Es urgente abordar con mas fuerza y decisión la transformación de las fuerzas de seguridad y para esto es necesario poner arriba de la mesa temas como el crecimiento de la pobreza y la indigencia y todo lo que esta relacionado con las cuestiones de género, pueblo originarios y migrantes”, analizó.
En ese sentido, el dirigente sindical recordó que “hay 22 escuelas bilingües en Santa Fe, más de 140 comunidades organizadas, otro tanto en formación y tenemos una bandera santafesina que no nos representa porque insulta al pueblo Moqoit con esas lanzas para abajo. No es una cuestión simbólica solamente, es la expresión de políticas públicas que no respetan, que no son democráticas y que traen discriminación, despojo, y pérdida de valores, idiomas, conocimientos y futuro digno”.
Por otra parte, se reclamó en el encuentro “la necesidad de redoblar los esfuerzos en las cuestiones alimentarias, sanitarias, viviendas, tierras ante la situación crítica de las comunidades”.