Al pedido formal que realizó la Municipalidad de Victoria a la Justicia federal para que levante la medida cautelar de protección a las islas, como informó Rosario3 hace semanas, se sumó el apoyo de la Sociedad Rural local que pretende ingresar maquinaria pesada al humedal y modificar el territorio con fines productivos. Por eso, organizaciones ambientales salieron a manifestar su oposición y advertir sobre los riesgos de levantar las restricciones vigentes más aún en un contexto de bajante del río Paraná, retirada de los cortafuegos naturales y la posibilidad de nuevos incendios masivos en el Delta.
El colectivo “Organizaciones Guardianas del Humedal” rechazaron la suspensión de esa cautelar dictada en julio de 2020 por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que tuvo el objetivo de frenar la quema de pastizales y el ingreso de maquinaria que modifica el ecosistema (terraplenes y tabiques a los cursos de agua).
“Una nueva bajante del río tan prolongada como inédita pone nuevamente a la luz problemas tales como una amenaza permanente de surgimiento de incendios sin los cortafuegos naturales que son los bañados, riachos y lagunas del delta”, afirmaron en un comunicado.
Para las agrupaciones guardianas, se trata de “un contexto propicio a los movimientos de suelo (entre ellos los nefastos terraplenes), la permanente presencia en territorio de cazadores que han diezmado la fauna nativa, la descarga de material del dragado de la mal llamada hidrovía, que obturan los ingresos de agua al humedal, el avance incesante de ocupaciones inmobiliarias ilegales y hasta la insólita realización de las denominadas fiestas electrónicas en estos territorios”.
Todo eso, reclamaron, “justifica la vigencia de una medida cautelar cuyos efectos disuasorios son imprescindibles en esta crisis hídrica, la cual lamentablemente no deja de extenderse en el tiempo”.
Para los ambientalistas, las normas y recursos provinciales y municipales que promueven la preservación de estos territorios “son claramente insuficientes” y por eso “la cautelar vigente se constituye en un elemento imprescindible para proteger estos frágiles ecosistemas”.
Sobre el pedido de los ruralistas para poder realizar “mantenimiento a través de servicios de maquinarias que son imprescindibles”, respondieron: “La producción que se realice en estos territorios, debe adaptarse al ambiente y geografía, en caso contrario, no es sostenible ni sustentable”.
“Nuestra Constitución Nacional establece en su art. 41 el derecho a un ambiente sano y equilibrado, y el deber de preservarlo. Hacemos pública nuestra posición para difundir la realidad de lo que acontece y reiteramos la extrema necesidad de mantener la vigencia de una cautelar, por continuar vigentes los presupuestos fácticos que dieron lugar a su dictado. Molesta, sí, porque el incumplimiento de la misma, implica responsabilidad penal y no administrativa. A través de los años se comprobó que las sanciones administrativas no son disuasivas para respetar el plexo normativo destinado a la protección ambiental. Entonces, la cautelar constituye un límite para un sector que nunca entendió de límites”, sostuvieron organizaciones como “El Paraná no se Toca”, la “Multisectorial Humedales”, el “Taller Ecologista” o la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas”, entre otros.