El fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, abrió un proceso disciplinario y sugirió la suspensión de Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad, como director del Organismo de Investigaciones (OI).
Martínez cumplió el rol de auditor Ad Hoc y admitió las presentaciones contra Sain por supuestas "faltas graves". Dispuso abrir la investigación disciplinaria y sugiere la suspensión preventiva del titular de la OI.
El pedido dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo había solicitado el jefe de los fiscales de Santa Fe, Carlos Arietti, al considerar que el ex ministro de Seguridad es responsable del hacinamiento en comisarías, escuchas a integrantes de los tres poderes del Estado y presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego, entre otros planteos.
La auditoria del MPA María Cecilia Vranicich había rechazo la presentación contra Sain pero el fiscal general Jorge Baclini revocó esa medida y la reimpulsó al designar como auditor ad hoc a Rubén Martínez.
El fiscal regional de Reconquista sí dictaminó contra el ex ministro y propone apartarlo del cargo que había ganado por concurso antes de asumir en el gabinete de Omar Perotti: "En su lugar de trabajo puede entorpecer y obstaculizar" (el proceso abierto).
Las sospechas cruzadas llegan también al denunciante Arietti. Ese fiscal regional tienen causas abiertas por mal desempeño en actuaciones que se conocieron bajo la administración de Sain (vinculadas a la investigación por el asesinato del empresario de turismo Hugo Oldani, en cuya escena del crimen desaparecieron unos cinco millones de dólares).
Otro fiscal regional denunciado cuando Sain era ministro, Diego Fernando Vigo, de Rafaela, llegó a ordenar a los fiscales de grado a su cargo no trabajar con el Organismo de Investigaciones (OI) mientras éste se mantenga en funciones como director.
El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, calificó de “situación de severa gravedad institucional” esa medida unilateral del fiscal y pidió a la comisión de Acuerdos de la Legislatura que investigue su conducta.
Otro de los frentes abiertos contra Sain, el pedido de juicio político en la Legislatura, se cerró hace diez días cuando los diputados analizaron y cayeron en la cuenta que no podían destituir a un ministro que ya había dejado su cargo.