Bajo el grito “Dina asesina, el pueblo te repudia”, miles de peruanos se movilizaron en diversos puntos de su país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes la culpan de la represión que dejó cerca de 50 muertos desde el 7 de diciembre.
En las manifestaciones del jueves hubo otra víctima mortal más, cuando en la ciudad de Arequipa murió un hombre de 30 años en un intento de toma del aeropuerto.
Desde que Boluarte asumió, hace 43 días, murieron 43 civiles y un policía en enfrentamientos y unas 10 personas más por consecuencias de las protestas y los bloqueos de rutas.
Pero la atención nacional se focalizó hoy en la “toma de Lima”, para la que llegaron a participar miles de personas provenientes de todo el país, en especial los Andes sureños.
La más fuerte demostración de repulsa contra Boluarte y el Congreso transcurrió básicamente en paz, salvo por choques relativamente menores en inmediaciones de la avenida Abancay, donde está la plaza de Bolívar, sede del Legislativo.
Manifestantes que pretendieron acercarse al lugar fueron repelidos con gases lacrimógenos por fuertes cordones de la Policía y grupo de rescate reportaban hasta caer la noche algunos lesionados de relativa baja consideración.
Salvo por esos incidentes, todo transcurrió en un ambiente tenso, pero sin choques, y la Policía permitió que los manifestantes recorrieran las principales calles céntricas, salvo los alrededores del Palacio de Gobierno y el interior de la estratégica plaza San Martín.
Las personas llegadas del interior, y que se hospedaron en gran medida en las universidades estatales San Marcos y Nacional de Ingeniería, se fundieron con sus anfitriones limeños y desfilaron al lado.
La “toma de Lima”, además de la renuncia de Boluarte, pedía el cierre del Congreso controlado por la derecha, elecciones generales a la brevedad, nueva Constitución y libertad para el destituido expresidente Pedro Castillo.
Los incidentes actuales en Perú, donde se vive una crisis permanente desde 2016, estallaron después de que el Congreso destituyera en diciembre pasado al izquierdista Castillo, quien previamente había intentado sin éxito cerrar el parlamento y gobernar por decreto, y lo reemplazara la hasta entonces vicepresidenta Boluarte.
La nueva mandataria dijo en principio que pretendía quedarse hasta el fin del período, en 2026, con lo que desconoció el clamor popular de 83% por unas elecciones generales inmediatas, según los sondeos, y le dio más aire a un Congreso que en las mediciones es rechazado por 88%.
Luego retrocedió, pero el país ya estaba incendiado. Las elecciones anticipadas están previstas ahora potencialmente para abril de 2024, pero a la variopinta oposición no solo le parece que esa fecha es demasiado lejana, sino que temen que Boluarte y sobre todo el Legislativo pretendan burlarla.
Para voceros gubernamentales, la oposición es liderada por “azuzadores profesionales” con vínculos con el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y el expresidente boliviano Evo Morales, interpretación que causa malestar entre los opositores.
Los manifestantes aseguran que son ciudadanos postergados que exigen integración, respeto para sus derechos, mejores posibilidades económicas y que no se les reprima con el exceso de fuerza del que ya habló incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hoy, además, hubo choques en las ciudades sureñas de Cusco, Juliaca e Ica y en la norteña de Virú, mientras más de 100 tramos de rutas siguieron interrumpidos por manifestantes en departamentos andinos, costeros y selváticos.
Dirigentes cívicos dijeron que se mantendrán en sus protestas hasta que Boluarte dimita y abra paso a un proceso electoral para este mismo año.
Con información de Télam