Una nutrida manifestación de protesta se llevó a cabo este martes frente a los Tribunales provinciales de Rosario para volver a repudiar la decisión judicial de restituir 61 galgos a sus dueños que fueron denunciados por usarlos para carrera ilegales.
Al canto de “galgos libres” y con numerosos carteles y pancartas que remataban cada mensaje con la consigna “#salvenalosgalgos”, proteccionistas y vecinos apuntaron al fiscal Omar De Pedro, cuyo accionar es además investigado por el Ministerio Público de la Acusación y que según los manifestantes tiene la venia de otras esferas del poder a nivel provincial.
“Visibilizamos la indignación y la bronca generalizada de la población acerca de esta decisión escandalosa del fiscal”, expresó en el móvil de Telenoche (El Tres) Laura, de la protectora Animalistas de Rosario, y dijo que dicha medida está “avalada por el entramado institucional de la provincia, el poder político y todo el que tiene poder, porque es imposible una resolución así si no tiene el aval de todos lados”.
“Desconocemos sobre la base de qué argumentos tomó una decisión así, pero no son argumentos jurídicos ni normativos, claramente”, sostuvo, y denunció que en las últimas horas se comprobó, “a través de publicaciones (en redes sociales), cómo a los galgos los han restituidos a las jaulas, al cautiverio y al maltrato”.
Los presentes en la marcha sobre calle Balcarce al 1600 esgrimieron “una ley nacional y una reglamentación provincial” que prohíben expresamente la explotación de perros con el citado fin.
“Esto es un retroceso a nivel sociedad, que un grupo de delincuentes no respete e incluso amenace por redes y a teléfonos, que se vaya todo por el lado de la ilegalidad, y no lo vamos a permitir”, agregaron.
Según expresaron, el fiscal fundamentó su medida para devolver los galgos a sus propietarios, que los hacían correr ilegalmente en zona de Santo Tomé (en el Gran Santa Fe), en que los proteccionistas que los habían recuperado tras un primer secuestro de la Policía Ecológica los tenían “desnutridos y con heridas”
Por el contrario, sostuvieron, los perros presentaban “signos de maltratos y de haber sido inyectados con anabólicos y esteroides, algo comprobado por veterinarios”, luego de haber sido retirados a los galgueros.
El fiscal De Pedro manifestó oportunamente que “jurídicamente no está probado el maltrato” de las más de 100 personas demoradas el domingo 2 de octubre cuando se frenó una carrera ilegal de perros en la zona rural de Sauce Viejo, aunque estas competencias están prohibidas por la ley 27.330.
La semana pasada, también en El Tres, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, confirmó que se abrió una investigación para conocer si De Pero actuó correctamente. Señaló que se pretende “determinar si las medidas tomadas son adecuadas y conformes a derecho”.