Tras la jornada "Nueva Oportunidad: por una política sobre jóvenes, desigualdad y violencia", unas 40 organizaciones sociales anunciaron que marcharán para pedir la continuidad de los talleres que contienen a más de 11 mil adolescentes y adultos en la ciudad y más de 17 mil en la provincia.
Los voceros de esas agrupaciones, a cargo de más de 100 talleres en todos los distritos de Rosario, adelantaron que realizarán una marcha el jueves 14 de noviembre por la plaza 25 de Mayo y la San Martín.
“El reclamo no sólo es por la continuidad del programa sino para que siga con la misma modalidad de participación de las organizaciones”, afirmó Jorge del Grupo Obispo Angelelli.
La principal preocupación de las organizaciones sociales es que el programa se interrumpa en el verano por la transición y el cambio de gobierno. “Enero y febrero son los meses más complicados para los pibes en los barrios”, aseguró Soledad de Huerta Rosario Linda.
“Si se caen los talleres del Nueva Oportunidad el 10 de diciembre, ¿qué hacemos con los chicos?”, preguntaron Violeta de Asociación Vecinal 23 de Febrero y Oscar de Mesa de Encuentro Barrial.
Reclamaron la aprobación del proyecto de ley en la Legislatura, que por ahora se debate en comisiones, o al menos tener un canal de diálogo formal abierto con la futura gestión que garantice la continuidad.
De acuerdo a los números oficiales de junio de 2019, del Nueva Oportunidad participan 17.745 jóvenes de 28 localidades de la provincia. En Rosario son 11.058. La inversión mensual de la provincia es de 50 millones de pesos.
Cuidar lo logrado para ir por más
Las organizaciones que ya se habían movilizado en septiembre pasado fijaron su postura a través de un comunicado que propone “discutir el presupuesto asignado a las políticas de juventudes” y argumenta:
“Tenemos en claro que lo que se ha dispuesto hasta acá no es suficiente, pero también sabemos que es necesario cuidar lo que hemos logrado hasta el momento. Este es un programa dirigido a una población que ha sido desatendida por décadas, cuando no estigmatizada y criminalizada. Por ello, entendemos necesario defenderlo, ya que muchos pibes y pibas han encontrado en estas propuestas espacios que antes les eran negados o que sólo ofrecíamos las organizaciones, sin ningún tipo de acompañamiento estatal.
“Creemos que es necesaria la presencia virtuosa del estado en los territorios, a contramano de quienes sólo pretenden saturar de fuerzas represivas los barrios es allí donde reivindicamos este programa, sin idealizarlo. Y también porque hay números que demuestran que resulta imprescindible defender, fortalecer y mejorar esta política.
“Sabemos que hoy representa una importante erogación, pero que tiene una muy baja significación en cuanto al porcentaje que representa en el presupuesto general. Así, este programa implica una inversión social del estado provincial de $50.000.000 mensuales, es decir, unos $600.000.000 anuales, lo que representa un 0,21% del total del presupuesto de la provincia de Santa Fe”.