En los medios periodísticos locales y nacionales abundan los ejemplos de ciudadanos desesperados porque su obra social o la empresa de medicina prepaga les niega o les demora la prestación de una práctica médica o la cobertura de algún medicamento, no sólo poniendo en riesgo la salud (y la vida) de las personas afectadas, sino además generándoles a las familias un enorme estrés económico y emocional, con efectos que van más allá del caso particular por el que se reclama.
La sensación de indefensión en la que quedan sumidas esas personas las lleva muchas veces a desistir de esos reclamos y a avanzar por otras vías (sacando préstamos que se hacen impagables o iniciando colectas solidarias) en pos de lograr que la empresa de medicina prepaga o la obra social lleve adelante la prestación, algo que según la Asociación Práctica Ciudadana se da de bruces contra derechos supranacionales que tienen en la Argentina rango constitucional.
“La negativa a cubrir un tratamiento de salud va en contra del derecho a la salud, que es un derecho sucedáneo del derecho a la vida. Si bien no existe un artículo en nuestra Constitución que hable del derecho a la salud específicamente, sí lo hace el artículo 75, inciso 22 cuando le da rango constitucional a los distintos tratados que se firmaron sobre el tema, que protegen a distintos grupos sociales y que tienen fuerza constitucional”, dice el abogado Luciano Tamous, cabeza de la asociación que presta asesoramiento jurídico gratuito a personas o familias que se encuentren en esa situación.
“Al negarles un tratamiento o una prestación o al demorársela al punto de comprometer su salud o su vida, están incumpliendo normas básicas. Y a pesar de ese carácter inconstitucional, lo hacen sin escrúpulos: a la gente le dicen 'bueno, en este análisis no se ve bien qué dice, hágalo de nuevo en otro laboratorio' y muchas veces la gente paga de su bolsillo otro estudio porque le objetan algunos resultados. Es muy grosero todo y está de por medio gente enferma que no tiene posibilidades de defenderse, con enfermedades graves que incluso podrían evitarse y así evitar los gastos futuros de la entidad”, añadió.
Vulnerables
Desde Práctica Ciudadana sugieren llevar adelante cierto protocolo ante el "no" que reciben los pacientes o sus familiares en el mostrador de la prepaga o la obra social: “Primero y principal, cuando hay una negativa a una prestación se debe mandar una carta: un telegrama laboral gratuito, intimando a la obra social o a la prestadora de salud a que inmediatamente cumpla con su obligación”.
“Si se niega o simplemente no contesta, que por lo general es su forma de actuar, de acuerdo a lo que digan los médicos y si el tratamiento es urgente, se interpone un recurso de amparo, que es la única forma que prevé la constitución para poder salvaguardar nuestros derechos”, explica el doctor Tamous.
Previo a que el juez le dé curso al recurso de amparo, “hay un procedimiento a través del cual la Justicia toma los recaudos necesarios para corroborar que no está ante un reclamo falso. El juez analiza lo que dice el médico, los análisis que uno aporta y qué dice la obra social o medicina prepaga demandada. Cuando ve que existe un peligro en la demora y que se pone en riesgo la vida de la persona, cuando confirma que hay verosimilitud entre los hechos y el derecho, puede ordenar una medida cautelar conminando a cumplir con la prestación de manera urgente y de la forma solicitada por el médico que trata. No es un capricho de una persona o de un abogado, es el médico el que dice que eso debe hacerse de ese modo”.
El argumento que las prestadoras suelen darles a sus pacientes al negarles una cobertura suele ser económico, pero luego eso no se plasma en la respuesta que dan una vez interpuesto el recurso de amparo: “En todos los amparos en que en que he participado, jamás he visto ninguna obra social que diga que esto hace malograr sus recursos o afecta su patrimonio: siempre han dicho o que hay otras alternativas, o que está mal formulado el amparo porque no se ha cumplido el trámite administrativo previo, algo que es mentira porque no necesitamos agotar un trámite administrativo previo para que sea viable una acción de amparo”.
“Estas faltas de respuestas, o pedir a esas personas documentaciones exageradamente, dilatando todo, no son más que actos arbitrarios, absolutamente contrarios a la ley e inconstitucionales”, completó.
Prácticas Ciudadanas
La Asociación Práctica Ciudadana está integrada por un grupo de abogados rosarinos que comenzaron a asesorar y representar a personas en situaciones de vulnerabilidad jurídica en 2003. “En realidad, iniciamos este tipo de colaboraciones con Asuserfi (Asociación Usuarios de Servicios Financieros) a fines de los años ‘90, atendiendo temas de endeudamiento de la gente, accionando en la protección de los salarios mínimos para que no se los embargaran, protección a la vivienda única, a los pequeños productores agropecuarios, a las pymes, etcétera”, cuenta el doctor Luciano Tamous.
“Pero siempre tuvimos en cuenta este tipo de situaciones, de falta de cobertura médica a personas que lo necesitan realmente. Nosotros siempre hemos atendido gratuitamente a la gente que necesita de un asesoramiento profesional, la relación siempre ha sido solidaria: quizás la persona tiene que pagar una carta documento, o su fotocopia, pero más que eso no estamos cobrando”, agregó.
Tamous explicó que “incluso hay gente que ha venido con sus propios abogados y les hemos facilitado los elementos que tenemos para llevar adelante una buena defensa. O personas que deseaban atenderse por una defensoría general y nosotros les damos las instrucciones que tiene que impartirle al defensor para que realice su defensa. Hay muchas situaciones en las que acompañamos a la gente para que tenga una defensa de calidad y con el menor costo posible”.
Desde este lunes a las 18 horas, en calle Laprida 1452, el doctor Tamous y los demás integrantes de Práctica Ciudadana recibirán a personas que estén atravesando situaciones como las contadas anteriormente y les darán su mirada, que puede ir desde un asesoramiento hasta una representación. “Vamos a escuchar a la gente, atendiendo casos particulares de manera privada, sin atentar contra su intimidad en absoluto”, concluyó Tamous. Para un contacto previo, hay dos líneas de teléfonos celulares disponibles: 341-5606773 / 341-5459703.