En el aniversario número 27 del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, reporteros de Rosario repitieron este jueves el ritual que llevan adelante desde hace años. Cámaras al cielo, volvieron a reclamar justicia y libertad para trabajar. “¡Cabezas presente! ¡Ahora y siempre!”, gritaron.

En la plaza Pringles de la ciudad, este mediodía se reunieron representantes del Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina para realizar un camarazo y volvieron a expresarse contra la impunidad y a favor de la libertad de prensa.

“A 27 años del asesinato de José Luis Cabezas, desde el SPR y la ARGRA invitamos a participar del Camarazo, que se realizará este jueves a las 12hs, en la Plaza Pringles, para seguir gritando ¡Cabezas presente! ¡Ahora y siempre!”, fue la invitación a la reunión que ya es un clásico entre los profesionales de la fotografía de la ciudad.

Los fotógrafos reunidos este 25 de enero en la plaza Pringles (Alan Funes).

El asesinato

En 1997, Cabezas y su compañero, el peroiodista Gabriel Michi, habían asistido a la fiesta del empresario Oscar Andreani, una cita que se había convertido en un clásico de aquellos años en las que Pinamar era la meca de las elites políticas y empresarias de la etapa menemista. Michi se fue a las 4 de la mañana del 25 de enero, Cabezas se quedó una hora más.

Cuando estaba por entrar a la casa en la que convivía con su mujer y con su hija más pequeña, a Cabezas lo redujeron, lo metieron en un Fiat Uno y lo llevaron a la cava de General Madariaga donde lo mataron, seguido por el propio Ford Fiesta que él usaba junto a Michi. En el camino, esposado, lo torturaron. Luego le dieron dos disparos y quemaron su cuerpo.

La investigación, llevada adelante por la Justicia federal de Dolores, fue lenta y estuvo plagada de pistas falsas, maniobras para evitar que se llegara a los verdaderos responsables.

Una de ellas hizo que se detuviera a la llamada banda de Los Pepitos, un grupo liderado por una mujer llamada Margarita Di Tulio y conocida como Pepita la Pistolera, que manejaba el negocio de la prostitución en la zona del puerto de Mar del Plata.

La hipótesis era que lo mataron porque Cabezas los extorsionaba con fotos que según esta línea tenía de ellos. Todo ese armado, indignante en su intento de manchar a la víctima y también en el propósito de mantener impunes a los verdaderos culpables, se comprobó como totalmente falso meses después, cuando apareció otra pista –que llegó a través de Duhalde– que llevó a cuatro muchacho del barrio de Los Hornos, en la Plata.

Alan Monzón

De Prellezo a Yabrán

La declaración Banda de los Horneros llevó al policía bonaerense Gustavo Prellezo, que comandó el operativo de secuestro de Cabezas y fue el autor de los disparos fatales, primero y luego a Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, ya en carácter de autor intelectual.

La secuencia fue así: después de que en el verano anterior Cabezas le sacara las fotos mientras caminaba por la playa, Yabrán le pidió a Ríos que mantuviera alejado al periodismo durante su estadía en Pinamar, donde tenía una lujosa casa e importantes inversiones.

El equipo de Noticias tenía justamente el objetivo de retratar y entrevistar al empresario y empezó a rondar su casa. Eso fue detectado por la custodia y a partir de allí se planeó el crimen que se concretó el 25 de enero.

La investigación fue lerda y sufrió tantas maniobras de desvío que hasta el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, se presentó en los Tribunales de Dolores y luego dio por esclarecido el crimen con la detención de los Pepitos –claramente buscaban despegar al amigo Yabrán–.

Pero el uso del Excalibur, un entonces novedoso sistema de entrecruzamiento de llamados telefónicos, permitió determinar que Prellezo había tenido numerosos llamados con Ríos y también con el propio Yabrán, que estos se intensificaron antes del crimen y que se acallaron por completo luego de esto.

Yabrán a la Rosada

A partir de eso, la idea de que Yabrán había estado detrás del asesinato se convirtió en casi certeza. Aun así la detención se demoraba y el empresario hasta fue, en ese interín, a reunirse a la Casa Rosada con el entonces jefe de Gabinete Jorge Domínguez. Todo un gesto del menemismo para expresar su respaldo a este hombre que esos mismos días le dijo en un reportaje a Clarín que “el poder es impunidad”.

Sin embargo, las pruebas eran ya tan contundentes que salió la orden de detención. La policía no lo encontró ni en su casa ni en sus oficinas. Su paradero era un misterio, se especuló con que pudiera haber salido del país y se pidió la captura internacional a Interpol.

Finalmente, se determinó que estaba en la estancia San Ignacio, un enorme establecimiento rural de su propiedad ubicado en la provincia de Entre Ríos, entre Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, cerca de su Larroque natal.

Cuando la Policía llegó hasta la habitación en la que estaba encerrado con llave y golpeó la puerta, se escuchó el disparo de escopeta con el que Yabrán se quitó la vida. Otra conmoción nacional y el descreimiento de una población que creyó que era otra maniobra para garantizar la impunidad del hombre que manejaba el correo privado, los depósitos fiscales, la carga y descarga de los aviones, entre otros negocios estratégicos.

Camarazo (Alan Monzón)

Condenados y liberados

La causa en Dolores siguió avanzando pese a que las maniobras tendientes a evitar que se pudiera llegar a la verdad no terminaban. El tribunal de esa localidad condenó a cadena perpetua a los instigadores y autores materiales del crimen de Cabezas.

En el juicio se supo que Yabrán llegó a reunirse en persona con Prellezo, a quien Ríos contrató para sacarse de encima al equipo periodístico de Noticias con la complicidad de sus colegas uniformados Aníbal Luna (que marcó a los periodistas) y Sergio Cammarata (que ofreció la logística para ocultarlos en la costa). El comisario de Pinamar, Alberto “la Liebre” Gómez, liberó la zona. Prellezo contrató a Los Horneros para hacer el trabajo sucio.

También que el sistema Excalibur había descubierto 122 llamadas entre Yabrán y su entorno con celulares de la Side que figuraban a nombre de Hugo Anzorreguy, el entonces titular del organismo. También se encontraron llamadas entrantes y salientes con la Quinta de Olivos. Todas ellas en momentos claves de la causa Cabezas.

Años después, vino la vergüenza. El 13 de noviembre de 2003, la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense decidió recategorizar la figura del delito por el que se condenó a los asesinos de Cabezas y pasaron de “sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, en concurso ideal con homicidio simple con dolo eventual” a “privación ilegal con violencia en concurso real con homicidio”. En los dos casos se hablaba de un secuestro y un asesinato. Pero estos cambios de palabras redujeron las condenas de los imputados a entre 18 y 27 años de cárcel, algo muy diferente a una cadena perpetua.