El uso del herbicida glifosato, en teoría, estará totalmente prohibido en Misiones a partir de 2025. En junio de 2023, la provincia del norte del país se convirtió en la segunda en hacerlo, después de Chubut, donde la prohibición rige desde 2020. La norma que lo establece es la llamada Ley de Promoción de Producción de Bioinsumos, que integra una serie de medidas de investigación, optimización y promoción de insumos biológicos, gestión del riego y uso del agua eficiente, y el desarrollo sustentable de cultivos.
En ese marco, a un año de la futura prohibición, entidades ruralistas continúan manifestando el rechazo a la normativa. Recientemente, un comunicado de prensa de la Farm (Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones), entidad adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calificó a la sanción de la ley como de decisión de “neto corte político” y “adoptada sin rigor científico que la sustente”. Por ello, la entidad ruralista augura “enormes perjuicios a la producción”.
El posicionamiento de la Farm, dado a conocer en un texto titulado “Misiones se apresta a detonar al sector productivo”, asegura que la provincia del norte “presenta un clima que necesita imperiosamente el uso de herbicidas”.
“La producción intensiva misionera, orientada básicamente al té, yerba mate y forestación, no será posible de llevar adelante de manera eficiente, lo que desencadenará desinversión y quebranto”.
Y agrega que en territorios limítrofes, tanto en Corrientes como en Brasil y Paraguay, el glifosato está habilitado para su utilización como un insumo agrícola, “lo que convertirá a Misiones en un territorio sin competitividad”.
"La política misionera definió, vaya a saber con qué propósito, el destino de miles de productores sin haber dejado lugar a un debate serio y técnico al respecto, y sin analizar siquiera las consecuencias. Esta norma elimina una herramienta de laboreo imprescindible y no plantea un reemplazo, ya que propone un bioinsumo que no cuenta con la aprobación del Senasa ni de ningún organismo sanitario del país ni mucho menos del mundo, con la agravante que dicho producto sólo tiene como comprador al Estado, siendo esa la supuesta salida monopólica a la situación, que se encuentra, además, en etapa experimental y donde nadie puede asegurar su resultado", fustigó la asociación.
La sanción de la ley está vinculada con los productos elaborados en la llamada BioFábrica y con la puesta en marcha de la planta de la firma Agro-Sustentable en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas. “La Ley fija pautas de investigación y producción y establece la creación de un Registro Provincial de Productores de Bioinsumos, una herramienta que permitirá implementar programas destinados a fortalecer el sector a través del otorgamiento de créditos, entre otras políticas de incentivo”, señaló el Ministerio de Hacienda misionero.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Carlos Rovira (Frente Renovador de la Concordia), Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo) y Marta Ferreira, actual ministra de Agricultura Familiar de la provincia.
Tras la sanción de esta ley, el ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, remarcó que el proyecto, en sintonía con las tendencias globales, “coloca a Misiones como precursora de la agricultura sostenible a nivel latinoamericano al promover la investigación y el desarrollo de productos creados a base de organismos vivos». Los bioinsumos están elaborados a partir de bacterias, hongos, virus, insectos o extractos naturales obtenidos de plantas y son utilizados en la producción agrícola tanto como fertilizantes como para el control biológico de plagas, señala el portal oficial.
También explicó que la puesta en marcha de este proyecto persigue tres objetivos centrales para el desarrollo sostenible de Misiones. Por una parte, a través de la aplicación de bioinsumos «se generan alimentos más ecológicos que impactan directamente en la salud de las familias de Misiones»; por otra parte, se busca mejorar la productividad de las chacras misioneras, ya que la utilización de fertilizantes orgánicos favorece a largo plazo la fertilidad del suelo; y por último, pero no menos importante, «este proyecto busca resguardar la salud de los productores que podrán emplear estos insumos biológicos sin ningún tipo riesgo».
La sanción tuvo el beneplácito de agricultores familiares y cooperativos, que desde hace mucho tiempo denuncian los efectos adversos del uso de agrotóxicos y que impulsan la transición agroecológica.
En diálogo con la agencia de noticias Tierra Viva, Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), señaló: “Estamos totalmente de acuerdo que haya una decisión firme de ir prohibiendo determinados productos como el glifosato, que es uno de los tantos que se usa en el agro”.
Entretanto, este productor abogó por “establecer un mecanismo eficaz de apoyo para esta transición”.
"Hay una realidad y es que el herbicida logra abarcar más hectáreas con menos mano de obra”, admitió tras la sanción de la ley en 2023, por lo que propuso que la transición no debe ser un golpe a la economía del productor y el Estado debe prever esa situación.
Otra voz a favor fue la de Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray (PIP-UTT), quien manifestó que la ley representa “un gran avance” y se refirió a la propia experiencia de las tierras recuperadas por la organización a la multinacional Arauco —expropiación mediante—, donde desde hace más de seis años no se utilizan químicos.
“El cambio alrededor de nuestra zona –aseguró– no es sólo del suelo, sino del paisaje, de las vertientes, los pozos de agua, algunos arroyos volvieron a brotar y los humedales empezaron a recuperarse. Desde que no se usó más glifosato, el ecosistema volvió a vivir. Empiezan a aparecer los animalitos, las mariposas, las ranas, las tortugas, los conejos silvestres, es otro el aire que respiramos alrededor en estas 166 hectáreas recuperadas”.
Lo cierto es que el pasado 28 de junio en la localidad misionera de Dos de Mayo actores de la cadena agroindustrial misionera llevaron a cabo una masiva asamblea, en donde reclamaron la derogación –o bien prórroga– de los artículos 7 y 8 de la normativa que prohíbe el uso de glifosato desde el año próximo.