La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia dio media sanción este jueves a la ley de reparación para integrantes del colectivo travesti-trans que fueron perseguidas por el código de Moralidad Pública que rigió en Santa Fe hasta 2010.
El proyecto, autoría de la diputada Matilde Bruera, establece una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia, a toda persona travestis-trans que acredite que durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género.
Según los registros, la ley beneficiará a unas 150 personas. La media sanción salió con 28 votos a favor, 6 votos en contra y la abstención de 10 legisladores.
La iniciativa deberá ahora ser aprobada por el senado provincial para su puesta en funcionamiento.
“Es un avance como sociedad. La comunidad travesti-trans sufrió durante años la represión estatal y es momento de empezar a repararlo para poder pensar en un futuro mejor”, destacó el diputado Joaquín Blanco antes del tratamiento y este jueves volvió a celebrar la media sanción con un mensaje en sus redes sociales.
Reparación
Por su parte, Matilde Bruera explicó que el proyecto “establece reparar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos realizadas por las fuerzas represivas contra la comunidad travesti y trans”.
Señaló que se trata de una iniciativa “elaborada en colaboración con la Mesa de Trabajo Travesti-Trans, junto a sus asesores legales" y que logró el aval de cuatro comisiones parlamentarias: género, de derechos y garantías, de presupuesto y de constitucionales.
“La democracia tiene una deuda enorme con esta comunidad que fue perseguida hasta la derogación en 2010 de la sección de Moralidad Pública inscripta en el Código de Faltas. Fue esta Legislatura la que removió y puso fin a tal persecución sistemática”, se explayó la legisladora.
Y agregó: “Esta comunidad fue perseguida por la policía a través de la sección de Moralidad Pública, que era una caja negra recaudatoria bajo el paraguas de la persecución del ejercicio de la prostitución, de la comunidad travesti-trans y del juego clandestino”.
Sobre las violencias padecidas bajo aquella letra, Bruera recordó que “las privaban de su libertad persistentemente, estuvieran o no en el ejercicio de la prostitución, que por otro lado era una de las pocas actividades que podían ejercer porque tenían vedado el acceso al estudio y al trabajo”.
El código de Moralidad Pública daba pie a las fuerzas de seguridad a demorar y detener a quienes estuvieran “con una vestimenta que no corresponde a su género” y establecía penas de entre 20 y 60 días.
“En esa privación sufrieron todo tipo de vejaciones y tormentos, de humillación física y psicológica”, destacó Bruera.
Y agregó: “En los libros de los Juzgados de Faltas constan los ingresos recurrentes de estas compañeras a las comisarías y dependencias policiales. Fue parte de la violencia que habilitó y habilita violencias más grandes contra este grupo. La provincia de Santa Fe debe hacerse cargo de reparar el daño a estas personas.”
Sobre tal resarcimiento, explicó: “Era un atropello realizado a través de las instituciones del Estado, y por eso el resarcimiento es necesario y será equivalente a dos pensiones no retributivas”.
“Es también una reparación para las instituciones democráticas: con esta norma, el Estado de Santa Fe avanza en la transparencia y en una democracia profunda y seria de acuerdo a las normas constitucionales”, completó Bruera.