El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se declaró en estado de alerta por los recortes en el sector y realizará movilizaciones en todo el país. En Rosario, será una marcha al Monumento a la Bandera el miércoles 29 a las 10.30.
El Foro informó a nivel nacional que se movilizarán en todo el país “para frenar el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad”.
El presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, explicó que semanas atrás se conoció un proyecto de decreto que afectaría a cientos de personas con discapacidad que asisten a instituciones, consultorios, transporte, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas y hogares ya que rompería con un sistema que permite el acceso a las personas con discapacidad con cobertura social en igualdad de condiciones.
Según las organizaciones, la iniciativa –que no fue oficializada–, establecería lo siguiente: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente –y no vinculante entre ellos– los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.
El Foro indicó que actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por ley y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, Pami, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos.
“Estos aranceles se deberían ir actualizando según la inflación y los sueldos que establecen los sindicatos”, señalaron desde el Foro.
El organismo responsable de esta tarea es el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que está conformado por representantes del Pami, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad.
En el proyecto de decreto se establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, o sea que el Directorio, que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98, no se ocuparía en adelante de esta tarea y “así dejaría de escucharse, por lo menos, el parecer de quienes brindan estas prestaciones que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema”, señaló el comunicado de sectores de discapacidad.
Asimismo, desde el Foro alertaron que “dejar en manos de los organismos financiadores del sistema puede generar la fijación del arancel que ellos mismos van a tener que pagar, va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud”.
El texto además advirtió que “se puede retrotraer a la situación que se vivía antes de que existiese la Ley 24.901. En ese momento había obras sociales que reconocían pagar algo y otras poco o nada y así ciertas personas con discapacidad recibían una atención o no según la obra social que tenía”.
Marchas en todo el país
Además de Rosario, las marchas llegarán el miércoles a la Quinta presidencial de Olivos y a las ciudades de San Miguel de Tucumán, Córdoba, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, Santa Fe, San Juan y Salta.