La Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) hizo público su rechazo a la reglamentación del impuesto a las Ganancias (ahora llamado Impuesto a los Ingresos Personales) que eliminó la exención que regía para el personal diplomático que reside en el exterior. El sector se suma a los trabajadores bancarios que también recurrirá a la Justicia por considerar que el tributo es "confiscatorio".
A través de un comunicado, la Apsen adelantó que planea recurrir a la Justicia para “defender a sus asociados”. Si bien los diplomáticos profesionales siempre han pagado impuesto a las Ganancias por sus salarios, el adicional por “costo de vida” cobrado por la asignación en el exterior estaba exceptuado.
“Este adicional está establecido para igualar el costo de vida en el exterior y resulta indispensable para poder afrontar los gastos corrientes propios del alquiler, la salud y/o la escolaridad del profesional y de su núcleo familiar, dado que cada diplomático debe asumirlo en forma Individual”, detallaron en el comunicado.
Y afirmaron: “La normativa resulta claramente confiscatoria e impacta severamente en los ingresos de los trabajadores de rangos más bajos que a partir de la reglamentación pueden llegar a perder más del 20% de sus ingresos”.
Desde la Apsen también señalaron que la vida laboral del personal diplomático se desarrolla mayoritariamente en el exterior y esta función que hoy comprende aproximadamente a la mitad de los funcionarios en actividad contempla un adicional por costo de vida calculado por un índice que elabora Naciones Unidas y que “la amplia mayoría de los países del mundo aplica a sus diplomáticos”.
Esta entidad, creada en 1985, representa a más de 1000 funcionarios de carrera del Servicio Exterior, todos profesionales formados en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (Isen).
Según la Apsen, la reglamentación publicada en el Boletín Oficial “es ilegal y resulta claramente violatoria de los más esenciales derechos de los afiliados”. También aclararon que los diplomáticos profesionales están incorporados al régimen general de Ganancias y que “pagan y seguirán pagando” dicho impuesto sobre el salario, tanto en el país como en el exterior.
Ayer, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también presentó una demanda en la que reclama que se le ordene al Estado Nacional, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, a la Procuración General y a la Defensoría General de la Nación que se suspenda la aplicación la nueva reglamentación de la ley de Ganancias en sus sueldos. Según la presentación a la que accedió Infobae, los jueces sostuvieron que la nueva ley es “inconstitucional” y “menoscaba derechos adquiridos”.
“El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y convertirse en un «acompañante» más de los caprichos del Poder Legislativo Nacional y/o del Poder Ejecutivo Nacional” que con esta normativa “desconoce la división de poderes”, se sostuvo en un tramo de la presentación. En ese contexto, la entidad que nuclea a los jueces pidió que se “declare la inconstitucionalidad y/o invalidez jurídica y/o ilegitimidad de la ley 27.743” para el universo de miembros de la asociación en todo cuanto resulte materia de agravio y se mantenga el actual escenario.