El recientemente electo gobernador Maximiliano Pullaro, que basó parte de su campaña en el conocimiento que tiene sobre el delito luego de haber sido ministro de Seguridad entre 2015 y 2019 durante en la gestión de Miguel Lifschitz, deberá enfrentar un complejo desafío cuando asuma en diciembre: bajar los índices de la violencia en Rosario, una situación que parece haberse desbocado en los últimos cuatro años. En sus discursos ya adelantó que su plan estará apoyado sobre tres ejes: sacar los presos de las comisarías y poner más agente en la calle, impulsar investigaciones de criminalidad compleja y ejercer un control estricto en las cárceles.
El panorama de criminalidad organizada que tiene actualmente Rosario es algo distinto al que había hace cuatro años. Las grandes bandas siguen lideradas por los mismos cabecillas, que están presos, como en los casos de las distintas líneas de Los Monos, Esteban Alvarado o sus respectivas células que operan en diferentes barrios. Lo que se agravó en los últimos años fue la liviandad con la que reclusos, mediante un celular, llegaron a digitar atentados gravísimos contra escuelas, estaciones de servicios y comisarías, extorsiones y asesinatos. Recién hace pocos meses se instalaron los inhibidores de señal y los body scanners en algunas unidades penitenciarias, herramientas que mostraron ser útiles para prevenir el ingreso de teléfonos u otro tipo de elementos prohibidos a los pabellones.
“Hay que controlar la cárcel. Los presos no pueden hacer lo que quieren. Preso que comete delito desde la cárcel va a quedar en aislamiento y perderá libertades. Y al preso que quiera resocializar le daremos las herramientas para que eso suceda”, dijo Pullaro este martes en el programa Radiópolis (Radio 2).
Un problema a atacar de forma coordinada con el gobierno nacional es también la comunicación que tienen reclusos que están en unidades penitenciarias federales, cuyas directivas, de a poco, corren todos los límites pensados en materia criminal, como los casos de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra, quienes quedaron en medio de una balacera en Maestros Santafesinos e Ísola el 23 de julio del año pasado –aparentemente ordenada por el jefe narco René Ungaro–, o el de Lorenzo "Jimi" Altamirano, secuestrado al azar y asesinado el 1º de febrero pasado frente al Coloso Marcelo Bielsa por orden de reclusos de Rawson, cuyo objetivo era usar el cuerpo para dejar un mensaje a presos que están alojados en Ezeiza. Ejemplos demenciales de una criminalidad sin lógica.
Otra característica que se dio en los últimos cuatro años en Rosario fue la atomización de alianzas territoriales entre jefes de distintas bandas que están presos. Eso tuvo como consecuencia nuevas disputas a tiros en distintos barrios y ataques por cambios de bando, ya que las empresas criminales se rigen bajo los parámetros de la lealtad y los billetes.
“Voy a retomar las investigaciones criminales complejas. Hay que mapear bien la ciudad, saber qué sucede y atacar ahí, en el hueso. Si no atacamos el crimen organizado no vamos a frenar ni el delito ni la violencia”, señaló Pullaro durante la entrevista radial.
Sin lugar a dudas, el circuito de armas debería ser otro de los puntos a tener en cuenta para bajar la violencia. En Rosario se dispara mucho. Entre enero y agosto de este año, según el Observatorio de Seguridad de Santa Fe, hubo 476 heridos de arma de fuego, lo que arroja un promedio de dos baleados por día. A ese número se agregan –usando el mismo corte temporal de enero a agosto de este año– 190 asesinatos, que en un 90 por ciento son perpetrados por armas de fuego.
Pero no todo lo que afecta a la seguridad pública de Rosario se circunscribe a las pujas territoriales entre las bandas dedicadas al narcomenudeo. Los arrebatos, los robos de medidores, cables, autos, motos, los asaltos a mano armada, se volvieron moneda frecuente, y más allá de algunos procedimientos policiales, son delitos que no parecen tener freno.
Pullaro, que como ministro de Seguridad tomó la decisión de cerrar comisarías y avanzar hacia estructuras de megacomisarías, apuntó que su gestión va a estar abocada a “sacar más policías a la calle”. Si bien la decisión luego pasará por el futuro ministro de Seguridad –se rumorean los nombres de Lisandro Enrico y Pablo Cococcioni–, por lo menos dejó expresado que le gusta la conducción de Daniel Acosta al mando de la Unidad Regional II.
“Con Daniel (Acosta) tuve una buena relación cuando fui ministro, ocupó cargos importantes. Lo considero un buen cuadro policial. Lo charlará conmigo el ministro, que tendrá plena potestad para nombrar a los jefes provinciales y departamentales. Nosotros a la Policía le vamos a pedir mucho, pero le vamos a dar mucho. Voy a trabajar al lado de esta Policía, la voy a formar, equipar y la voy a respaldar”, indicó el flamante gobernador.
Por fuera de esos tres ejes que ponderó Pullaro durante la entrevista en Radio 2, destacó que volverá a implementar el Plan Abre, que fue una bandera de Miguel Lifschitz, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de infraestructura y servicios de sectores postergados de la ciudad.
Cuando fue ministro, Pullaro mantuvo un alto perfil e impulsó la idea de no ir a las comisarías a hacer denuncias. En su gestión, se ponderó hacer llamados al 911, acudir al Ministerio Público de la Acusación o ir a un Centro Territorial de Denuncias. A las comisarías se les bajó la cantidad de móviles para destinarlos a tareas de prevención y se dispuso el cierre de algunas seccionales y la refuncionalización de otras, que terminaron sirviendo para la labor de otras fuerzas de seguridad.
En su paso ministerial, estuvo rodeado por cuadros técnicos que ahora regresarían a la misma cartera de Seguridad, como en los casos del comandante general retirado de Gendarmería Omar Pereyra y Roque De Lima, quienes fueron secretario y subsecretario de Seguridad Pública, respectivamente. La vuelta de algunos nombres conocidos por Pullaro indica que, independientemente de quien resulte nombrado como ministro, las políticas serán monitoreadas por el propio gobernador o personas de su estrecha confianza.