Los jóvenes involucrados en el crimen de Fernando Báez Sosa se tomaron una selfie tras el hecho en la que aparecen muy sonrientes, en una actitud de celebración. Uno de los chicos que aparecer en la imagen podría ser Pipo, el llamado rugbier número 11.
De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, el abogado Fernando Burlando brindó los detalles de una selfie que se sacaron los rugbiers minutos después de la muerte de Fernando Báez Sosa. "La fiscalía tiene que investigar de quien se trata", señaló pero deslizó que sería el número 11.
"Fundamentalmente lo que puedo aclararles es que es una selfie que se sacaron después de 20 minutos de la matanza. Y ahí se puede ver la actitud que tomaron luego del crimen. Tenían tiempo para sacarse selfies", fue la categórica declaración del abogado de la familia de Fernando Báez Sosa. La foto quedó registrada con el horario del sábado 18 de enero a las 5.11. Minutos después de la muerte de Fernando.
"Tenemos registrados los horarios precisos de las fotos para llevarlo a la fiscalía. Esto fue cuando volvieron a la casa que estaban alquilando. Esa es la imagen de los asesinos. Contentos, sacándose selfies. Es muy difícil excluir a los otros participantes", agregó el abogado.
"Nosotros consideramos que el Número 11 no es un testigo. Hay mucha información. Queremos colaborar con la Justicia. Hablaban del asesinato en manada, pedían drogas... Es algo muy importante que acercaremos a la fiscalía", sostuvo.
"Es la primera imagen que tenemos del Número 11. Está en el expediente. La fiscal tiene que investigar concretamente de quien se trata. La casa tenía 12 camas...", observó Burlando.
También se refirió a supuestos mensajes en los que los chicos habrían pedido “flores” para fumar, en clara referencia a marihuana.
Fiscal
Por otro lado, el juez de garantías David Mancinelli convocó para este martes una nueva audiencia por la recusación del defensor de los rugbiers contra la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa, informaron fuentes judiciales.
Hugo Tomei, representante de los diez jóvenes imputados por el homicidio ocurrido el 18 de enero último frente al boliche Le Brique, recusó a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Gesell, Verónica Zamboni, por considerar que hubo una serie de irregularidades en la instrucción y la denunció además penalmente el jueves último.
A partir de este planteo, el juez Mancinelli convocó para este martes a las 11 a la defensa, a la querella que representa a los familiares de Báez Sosa (18) y a la fiscal a la sede del Juzgado de Garantías 6, ubicada en Boulevard Silvio Gesell y Paseo 130, pero no será necesaria la presencia de los acusados.
En esta audiencia, el defensor deberá exponer los argumentos de su pedido de recusación, que irá en línea con la denuncia presentada antes que el magistrado confirmara la prisión preventiva para los ocho imputados que continúan detenidos en la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores.
En la sede judicial estará presentes también Zamboni porque es la funcionaria recusada, y los representantes de la querella ya que pueden tener interés sobre la situación, indicaron fuentes de la investigación.
El planteo de Tomei se basará en la denuncia por "privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra Zamboni, además de la nulidad señalada respecto de una declaración testimonial, de una rueda de reconocimiento y de las indagatorias de los rugbiers.
El abogado denunció a la fiscal al finalizar la audiencia de la semana pasada con el juez y las partes en la ciudad balnearia, y el magistrado remitió una copia a la fiscalía general de Dolores, a cargo de Diego Escoda, quien designó al fiscal Mario Pérez para que investigue si efectivamente se cometió algún delito.
Para el defensor, al momento de las indagatorias de los diez rugbiers, el día posterior al crimen de Fernando, hubo "irregularidades por falta de comunicación a los imputados" de los hechos por los que eran acusados y las actas, incorporadas en el segundo cuerpo del expediente, "no reflejaron la realidad" de lo ocurrido.
Tomei puso en duda la validez de las indagatorias a partir de la "corta duración" de entre 1 y 5 minutos de cada una de ellas, según consta en las actas incorporadas a la causa, y en ese sentido consideró que las detenciones se basan en "elementos nulos".
"Esa imposibilidad material, real y concreta de hacer la audiencia en menos de cinco minutos delata que nada de lo descripto en las actas ocurrió. No hubo lectura de derechos, tampoco comunicación fehaciente de la intimación, menos aún información detallada de las pruebas existentes, derechos excarcelatorios y la obligada lectura a viva voz del secretario", detalló el letrado en el escrito presentado.
Agregó que las indagatorias "se redujeron al ingreso a un despacho y la estampa de firma en actas ya impresas".
A partir de estos elementos, consideró que la funcionaria cometió los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad".
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