Entre los recortes de los gastos del Estado anunciados por el presidente Javier Milei, quien había prometido meterse solo con “la casta”, los mozos de la Casa Rosada están entre los más perjudicados y este viernes realizaron una asamblea.
Como les quitan las horas extras, los trabajadores del edificio de gobierno perderán entre el 50% y el 60% de su sueldo (pasarán 450 mil pesos a menos de 200 mil).
“A partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, reza una resolución oficial que debe aplicarse en toda la administración pública.
Si bien el rumor estaba instalado desde hace unos días, la noticia cayó como un balde de agua fría entre los empleados, informó Ambito.
Según señaló TN, hay trabajadores que pese a tener 20 años de antigüedad pasarían a cobrar menos de 200 mil pesos.
Con esta medida, a varios se les redujo el 58,32% de su sueldo de noviembre y percibieron en el siguiente solo el 41,68%. Varios de los mozos comentaron que en menos de un mes pasaron de cobrar $450.643 a $189.271.
“No somos lo mismo que el resto. Vamos a laburar todos los días hace años. No nos podemos tomar vacaciones ni nos podemos enfermar porque perdemos las horas extras”, dijo uno de los trabajadores afectados y agregó: “Hay gente que alquila, que tiene hijos, que no tiene otra persona de la familia trabajando y la dejan con menos de la mitad del sueldo”.
Con la firma de Armando Daniel Guibert, a cargo de la secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, bajo el ala del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se instruye a todos los ministerios, secretarías o subsecretarías a suspender las horas extras.
En caso de no ser posible, la máxima autoridad del área, con cargo de Director Nacional, General o equivalente, es quien deberá pedir la “asignación de los servicios extraordinarios” explicando detalladamente la causa que le impide dar cumplimiento.
El trámite no termina ahí: “La citada solicitud deberá elevarse a la máxima autoridad administrativa con competencia en la administración del presupuesto de cada jurisdicción o entidad, quien la aprobará o denegará”.