El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intervino este viernes la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, cuyo presidente es el histórico sindicalista Herme Juárez, procesado esta semana junto a su entorno por asociación ilícita, lavado y otros delitos.
Como adelantó Rosario3, la resolución se conoció este viernes y abarca a la entidad de Cayetano Nerbutti 256 de Puerto, como así también a la "Mutual Portuaria 21 de diciembre", que funciona en el mismo edificio, y a la "Cooperativa de Trabajo San Lorenzo", de Hipólito Irigoyen 2724.
Según informó el periodista Hernán Funes (Telenoche, El Tres), todas las entidades están vinculadas al también secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), detenido el jueves de la semana pasada.
González Charvay resolvió favorablemente el planteo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que solicitó tomar "las acciones necesarias para el saneamiento de la operatoria de las entidades y el retorno de las mismas a su normalidad institucional".
Además, el juez propuso Juan José Schaer como interventor. Se trata de un abogado que fue, entre otras cosas, directivo de Telecom y en la actualidad se desempeña en la consultora Grant Thornton Argentina.
El magistrado autorizó al interventor "a requerir la colaboración de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, en caso de resultar necesario el auxilio de la fuerza pública".
Por otro lado, la Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa contra Juárez.
Argumentos y objetivos
El Inaes pidió la intervención de las coopetarivas porque "se ha constatado que se habría llevado a cabo un uso indebido de los recursos con los que cuenta la entidad, ya que el fin perseguido no fue prestar servicios a sus asociados ni contribuir al bienestar y progreso de la comunidad en la que se encuentra inserta, sino obtener un provecho mal habido por parte de sus autoridades".
Además, porque "dada la naturaleza y complejidad de las acciones llevadas a cabo por la entidad, se deriva que la única manera de desbaratar las maniobras irregulares que nos ocupan es permitiendo que un auxiliar de las justicia, por definición imparcial, pueda realizar las diligencias y relevamientos necesarios para determinar de manera exacta la operatoria anómala efectuada por la persona jurídica y tomar las medidas necesarias para que cese tal accionar y se regularice la situación social".
El instituto nacional solicitó esa medida para evitar la "inactividad" y perjudicar "el normal desenvolvimiento de la actividad de los trabajadores y cobro de sus sueldos".
Hasta este viernes que el juez resolvió, sólo había en las cooperativas veedores judiciales, que elevaron un informe. De ahora en más el interventor deberá avanzar hacia “la normalización institucional, objetivo que abarcará el período máximo de seis meses a partir de hacerse efectiva la intervención judicial ordenada”.
En ese camino, el encargado garantizará la continuidad de las actividades, cuidar que los bienes no sufran deterioros, comprobar las entradas y gastos, entre otros puntos. Dentro de treinta días hábiles, tendrá que presentar un informe detallado de su gestión.