Los jefes de bloques del Interbloque de Juntos por el Cambio anunciaron el pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus amenazas públicas contra el fiscal Diego Luciani.
El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical y uno de los impulsores de la propuesta, Mario Raúl Negri, marcó que el motivo principal de la propuestas son las "amenazas inaceptables al fiscal Luciani".
"Alberto Fernández habla en nombre de presidente de la Nación, y no es la primera vez que se entromete en la vida judicial", añadió el diputado radical.
Al brindar anoche un reportaje por la señal de noticias TN, Alberto Fernández había manifestado: "Realmente, alentar la idea de que le puede pasar algo al fiscal Luciani. Hasta acá, lo que le pasó a (Alberto) Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".
Ante las declaraciones, referentes de la principal coalición opositora como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal manifestaron su rechazo vía Twitter.
Incluso, desde la Coalición Cívica habían anticipado que presentarán una denuncia contra el "Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2".
Posteriormente, el mandatario señaló que "tergiversaron sus dichos y que fue blanco de amenazas de muerte.".
El pedido de juicio político
El proyecto de resolución presentado por los jefes de bancada del Interbloque de Juntos por el Cambio pide la promoción de "Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".
"Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas; parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley como corresponde en un pleno estado de derecho", explica la resolución en sus considerandos.
"Tales declaraciones se realizan en un contexto donde funcionarios de su gobierno se han manifestado públicamente en contra del alegato de los fiscales de la causa conocida como "Obra Pública", con un reprobable y tenaz desconocimiento de su obligación de respetar la forma republicana de gobierno expresamente prevista en el artículo 1 de nuestra Carta Magna", añadieron.
Por otro lado, sumaron como argumento el incumplimiento del artículo 109 de la Constitución Nacional, al emitir una opinión pública desde la titularidad de la Casa Rosada sobre la forma de enjuiciamiento de la vicepresidenta.
Artículo 109 - En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Así, los legisladores marcaron como hechos suficientes para abrir su juicio político a la "falta de idoneidad en el manejo de la cosa pública" y los delitos cometidos "en violación de sus deberes públicos".
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