Loretta Preska, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la posibilidad de extender el tiempo que tiene Argentina para depositar una garantía por el juicio que obliga al país a pagar USD 16.100 millones por la estatización de YPF, a partir de la demanda presentada por el fondo Burford Capital.
"La última carta de la República parece ser un nuevo intento de cambiar las reglas del juego", sentencia Preska en el documento del fallo. Con este rechazo, si el próximo 10 de enero el país no presenta avales (fianza o activos en garantía) por el monto total, el fondo buitre podría comenzar a pedir embargos contra el Estado desde el día 11.
La postergación del millonario pago por la nacionalización de la petrolera YPF S.A. en 2012 fue solicitada en una apelación contra la sentencia del 15 de septiembre, ya que consideraban que el mismo generaría graves dificultadas para los argentinos. Argentina había pedido una prórroga por 90 días que la magistrada, que está a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan, rechazó.
El juicio ya lleva ocho años y tiene una sentencia en primera instancia que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares a Burford Capital, aunque se encuentra en proceso de apelación. Argentina ya notificó formalmente su intención de apelar, y el calendario para presentar los escritos con los argumentos de la apelación es el 23 de enero.
La ley de Estados Unidos obliga a que, a pesar de que un juicio no cuente con sentencia firme, el acusado entrega una fianza (como, por ejemplo, un bono) como forma de garantía para los demandantes. Atendiendo a la situación económica crítica que atraviesa el país, la jueza accedió a eximir ese pago a cambio de otros activos, por lo que Argentina tiene hasta el 10 de enero para presentar algún aval.
Entre los activos que sugirieron los buitres como alternativa al bono de fianza se encuentra el 26 por ciento de la participación accionaria que tiene el Estado Nacional (el 25 restante es propiedad de las provincias) en la compañía, y un crédito a cobrar por parte del gobierno de Paraguay en la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. También intentaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero la jueza lo omitió puesto que la ley argentina exige que los fondos de pensiones "sólo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino".
"Argentina va a cumplir con sus compromisos"
Tras conocerse el fallo con el que se rechazó el pedido de prórroga, el portavoz de la Presidencia de la Nación Manuel Adorni afirmó este viernes que "la Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre".
En su habitual conferencia de prensa, Adorni sostuvo que el país "siempre va a respetar la decisión de la justicia en todo orden y bajo toda circunstancia", y señaló que se están "analizando los caminos" para afrontar la situación.
"Estamos analizando las alternativas y por supuesto entendemos que es parte de un gran desborde que estamos tratando de solucionar y que los argentinos estemos lo menos afectados posible, ante un desmanejo que hubo en varios aspectos de la vida económica argentina", agregó el portavoz, y siguió: "Estamos viendo las consecuencias de este colosal monto del que todos los argentinos tendremos que hacernos cargo".