El senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri es finalmente imputado en la causa provincial en la que está sospechado de tener vinculación con una red de juego clandestino. La audiencia, que se vio posibilitada porque el legislador renunció a sus fueros, comenzó este martes por la tarde y pasó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 9. Está encabezada por los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina, que no fueron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que habían comenzado con la causa. Se espera que el legislador por el departamento San Lorenzo declare cuando reinicie la audiencia.
Audiencia
Este martes luego de las 14, el senador Traferri llegó al Centro de Justicia Penal de Rosario con un impecable traje color gris claro y acompañado de su abogado. La acusación se llevaba adelante en la sala 7 y ante la jueza Eleonora Verón. Cerca de las 19, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó oficialmente que la audiencia se retoma este miércoles a la mañana.
Después de una larga disputa legislativa y judicial, en octubre del año pasado, el Senado de Santa Fe aprobó el desafuero del senador. Semanas antes, el propio legislador había puesto su inmunidad parlamentaria a consideración del cuerpo, luego de conocerse la denuncia contra el fiscal Matías Edery, quien lo investigaba por supuesta complicidad con el juego clandestino.
Una vez que quedó desaforado, Traferri quedó en condiciones de presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa. A finales del año pasado, solicitó ante el MPA, a través de los abogados Oscar Romera y Juan Murray, que lo convocaran a audiencia imputativa para poder ejercer su defensa y demostrar su inocencia.
En la causa ya no están los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En el caso de Schiappa Pietra, tiene funciones limitadas, ya que tiene a su cargo solo la tarea de asesoría y no puede participar en las audiencias de esta investigación. En tanto, Edery primero fue suspendido y luego fue relocalizado en otra área del MPA, lejos de los legajos donde se persigue la criminalidad organizada.
Por el expediente ya fueron condenados –entre otros– el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego online y clandestino Leonardo Peiti, quienes declararon como imputados colaboradores y aceptaron juicios abreviados. Por su parte, el ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini están a la espera del juicio oral y pública.
Ugolini estaba en libertad por esta causa judicial. Sin embargo, su participación en una trama de estafas a través de agencias de autos ubicadas en Independencia al 3200 y Pellegrini al 3100 y al 4800 hicieron que los fiscales Fernando Dalmau y Pablo Lanza pidan que transite ese proceso en prisión preventiva, situación a la que se le hizo lugar por parte del juez Alejandro Negroni.
La acusación de los fiscales
De acuerdo a la acusación de Fiscalía, se le atribuye a Traferri haber formado parte “en carácter de jefe de una asociación ilícita” destinada a dar cobertura al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
Al mismo tiempo, se lo acusad al senador de San Lorenzo de “ocultar las ganancias” de esa red y brindando “protección tanto política como judicial, esto último sobre todo en materia de justicia penal, habiendo logrado infiltrar al Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de Rosario, protección que dispensó o procuró a sus miembros incluso después de que fueran detenidos”.
Los fiscales detallaron en la acusación que la organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados que iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación, donde sobresale la figura de Leonardo Peiti, la recaudación a nivel político, a cargo del propio Armando Traferri, y la gestión de cobertura judicial especialmente en el ámbito penal a través de Gustavo Ponce Asahad, Patricio Serjal y Nelson Ugolini.
También se menciona a personas que “concentraron esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino como Darío Scataglini, José Fernández Chemes, Oscar “Popi” Larrauri y Nicolás Enjamio, entre otros.
La hipótesis de la investigación es que la organización tenía como plan “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal; y, en segundo lugar, la de obtener la concesión del juego online en la provincia a través del sistema virtual VLT, que se incorporaría a posteriori y que pasaría a cobrar más relevancia en la época de la pandemia de Covid-19 ante la necesidad de seguir incorporando ingresos en un contexto de pandemia.
En ese contexto, se acusa a Traferri de entablar desde su lugar en la política los “contactos tanto con el juego, como con la justicia, como asimismo con el resto de la política”.
Los fiscales dicen que “los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
Para la acusación, el jefe de esta organización, como se viene sosteniendo, fue el senador Armando Traferri, quien “conforma el escalafón más alto de esta estructura delictiva cuyo principal objetivo estaba destinado a dar cobertura al juego clandestino en la provincia de Santa Fe”.