Casi seis años después de la sanción de la ley por el Derecho a la Identidad de Origen en Santa Fe, que ya implicó un paso adelante en el apoyo desde el Estado al encuentro de familiares distanciados o desconocidos, este miércoles el gobierno provincial presenta el decreto reglamentario de la norma 13.725 que garantiza a los “buscadores de origen” una estructura y un soporte más allá de la buena voluntad de los funcionarios de turno.
La ley agiliza y articula los mecanismos para que madres que fueron separadas de sus hijos al nacer, niños y niñas adoptados que con los años deciden buscar a sus padres biológicos o incluso bebés apropiados, y otras historias, puedan reconstruir su identidad y en algunos casos reencontrarse.
En el acto, un grupo de activistas que representan a las víctimas de sustitución de identidad, en todas las épocas del territorio santafesino, recibirán de las autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos el esperado decreto reglamentario de la ley de "Derecho al acceso a archivos para conocer la identidad de origen o biológica".
Desde 2015, cuando se activó el programa de búsquedas, en Rosario había más de 350 casos presentados y en la actualidad el número de “buscadores” subió a más de 500.
“Hubo muchos reencuentros este año. La cantidad creció un 25% con respecto al año pasado, que a su vez había aumentado un 10% frente al anterior. Con el tiempo y la difusión de casos, muchas personas se animan a querer conocer a sus hermanos o padres, incluso madres que rompen el prejuicio por haber tenido que entregar a sus hijos”, afirmó Claudia Raimonda a Rosario3.
La reglamentación corona una larga lucha por contar herramientas legales que permitan rastrear datos oficiales. El acceso a la documentación, por ejemplo de los libros de partos de los hospitales, es clave. “Pero ahora nos falta avanzar con convenios con el Ministerio de Salud, para poder digitalizar todos los archivos de parto desde la década del 50 y hacer convenios con facultades para que eso sea posible”, siguió Raimonda.
La digitalización permitiría una búsqueda mucho más rápida de los partos y vincular a madres con hijos e hijas para cuando el Estado demanda información interna. Pero también sería vital para frenar el tráfico de bebés, un delito vigente con peso en provincias como Chaco o Santiago del Estero.
“Hoy alguien puede anotar un parto en Vera y luego ese mismo bebé puede volver a inscribirse en Venado Tuerto, con otros padres. Hay que avanzar hacia una inscripción única en toda la provincia”, reclamó la militante, quien a su vez busca a su madre biológica hace 20 años.
Dos antecedentes y una invitación
Hace dos años, Rosario3 planteó esta problemática con la historia de Elena, una rosarina que busca su origen y se cruzó con una alemana apropiada en 1977.
Se trata de una mujer que entonces tenía 51 años y que sabía que era adoptada desde los 9 pero su familia nunca le reveló quiénes eran sus padres biológicos. Se hizo un ADN y lo compartió en bases de datos de empresas internacionales. En el camino conoció a Nadja, una mujer que desde Alemania descubrió que eran familiares. La nota reconstruyó una trama densa y solitaria de quienes no pueden parar de preguntar (y a veces incomodar con su búsqueda).
Noelia Corral, quien rastreó a su verdadero papá desde los 14 años, cuando detectó que su madre le había ocultado la verdad y al final encontró a un hermano, también compartió un relato emotivo con este medio.
En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia contó el trabajo que realizan con ese tema y reveló, a modo de ejemplo, un caso en el que acompañó la búsqueda de una mujer nacida en 1979 que realizó una investigación que terminó con un ADN financiado por el Estado provincial.
Santa Fe tiene, además, un espacio activo de "Asesoramiento y Acompañamiento".
Este miércoles, los buscadores de origen actualizaron el tema al difundir la buena noticia: “Este es el cierre de un proceso que empezó allá por el 2014, cuando muchos afectados empezaron a trabajar por una ordenanza municipal, como no era suficiente, al año siguiente, lograron que la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia abriera el primer registro único de casos en la provincia. Más tarde, con esfuerzos de todos se pudo lograr la primera ley provincial de identidad de origen del país (el proyecto fue presentado por Alicia Gutiérrez y la ley promulgada en 2018)”.