Las querellas de familiares de los tripulantes del ARA San Juan presentaron recursos extraordinarios para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que se revise el fallo que confirmó el sobreseimiento al ex presidente Mauricio Macri en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal.
La abogada Valeria Carreras, representante de un amplio grupo de familiares de tripulantes del submarino hundido, presentó un escrito en el que aseveró que por la "importancia y gravedad institucional" el tema debe ser evaluado por el máximo tribunal.
"Sin lugar a duda, la importancia y gravedad institucional trasciende, es pública y notoria y requiere que sea finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la cuestión institucional en ciernes, la que tendrá que dirimir la cuestión en una sensible temática", expresó la abogada en un escrito de 13 páginas.
La presentación fue contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el sobreseimiento del ex presidente en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.
En aquel fallo, el máximo tribunal penal convalidó la decisión de la Cámara Federal porteña en la que se sostuvo que las maniobras investigadas no corresponden a tareas de espionaje ilegal sino de seguridad presidencial y que el expresidente no estuvo directamente involucrado en ellas.
La abogada recordó en su escrito que los hechos investigados no tenían que ver con la seguridad de un mandatario sino con despliegues de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por entonces bajo la conducción de Gustavo Arribas, que tenían bajo observación a los familiares de las víctimas.
"La gravedad del decisorio en crisis, radica en justificar las tareas de inteligencia sobre ciudadanos, solo por considerar un potencial peligro para la seguridad presidencial y/o seguridad interior. La gravedad radica en vulnerar derechos constitucionales. La gravedad radica en revictimizar a mis representadas", continuó.
En esa línea, la letrada desarrolló: "Estamos en la oportunidad histórica de dar una respuesta cívica, ante el accionar de agentes de inteligencia, miembros de la AFI, sobrada prueba de tareas de investigación e inteligencia durante un año sobre mis representadas y familiares, a fin de determinar que fueron tareas de espionaje ilegales, prohibidas por ley o fueron legitimas en razón de prueba contundente e inequívoca sobre la peligrosidad de mis representadas".
"Debe agotarse la instrucción en orden no solo de la mentada peligrosidad sino de la inacción durante un año de las autoridades, respecto de las potencialmente peligrosas. Debe investigarse la totalidad de causas archivadas, (no desestimadas) referidas a las intervenciones de líneas telefónicas celulares (de sus representadas)", consideró.