A tres semanas del procedimiento llevado a cabo en la sede del Ministerio de Seguridad por presunto espionaje ilegal y direccionamiento de una licitación de compra de armamento, aún no se conoce la fecha de la audiencia imputativa para los ex funcionarios. Esta semana se hizo la apertura de la documentación secuestrada y se generó controversia sobre la evidencia encontrada: los abogados de los investigados sostienen que "no hay carpetas ni perfiles" ilegales, mientras que el MPA comunicó que hay "gran cantidad" de material. Por otra parte, se constató que no hubo dos testigos ajenos a la causa para verificar el operativo.
De la primera foja del acta de procedimiento del 26 de noviembre se desprende que la fiscal Mariela Jiménez –de la ciudad de Santa Fe– ordenó que se realice "sin la presencia de testigos". En ese mismo documento se indica que un suboficial debe filmar con una cámara marca Nikon Coopix L430 toda la inspección.
Esa cámara Nikon tiene una particularidad, según el documento: no puede hacer filmaciones que superen los 29 minutos con 59 segundos. En caso de llegar a ese tiempo, se debe detener el video y hacer un nuevo registro fílmico.
Sobre la situación de falta de testigos que señala el acta de diligenciamiento de registro, fuentes de la investigación explicaron a Rosario3 que en el operativo hecho en el Ministerio de Seguridad oficiaron de testigos los mismos empleados públicos que fueron objeto del procedimiento, quienes luego firmaron el documento. También señalaron que los fiscales presenciaron todo el procedimento, aunque los acusados pidieron que sean apartados por falta de objetividad.
En el final del acta de procedimiento, una de las personas firmantes dejó asentado: "Dejo constancia que mi mochila personal se encontraba colgada en un perchero y procedieron a requisarla sin orden judicial ni de ningún tipo. La misma contenía una agenda privada, la cual fue secuestrada, sin consulta a ninguna autoridad y sin mi consentimiento".
Para Juan Lewis, abogado de la ex funcionaria de Seguridad Nadia Schujman, los fiscales de la causa "se quieren sustraer de todo tipo de control; de un juez para hacer el procedimiento que hicieron, como de los dos testigos que pide el Código para el operativo en el Ministerio".
"Fue un allanamiento. Revisaron bolsos personales, se llevaron teléfonos personales y hasta agendas con papeles, documentos privados", agregó a Rosario3.
Cuando el pasado lunes se llevó a cabo la apertura de la documental incautada, los abogados de los ex funcionarios enfatizaron públicamente que no se vio "ninguna carpeta ni perfil" en el marco de la ilegalidad. "Había biblioratos de 2002, tickets de café. Cosas intrascendentes. Y perfiles hechos por órdenes judiciales que datan de esta gestión y de la anterior. Incluso había de 2014 sobre algunas personas de barrio Tablada", subrayó el abogado de Schujman.
Como contraparte, el MPA de la ciudad de Santa Fe informó ese mismo día que "se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre la que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos; siete bolsas de consorcio con documentos destruidos; otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del ministerio de Seguridad de la provincia".
Cómo sigue la causa
Hasta este miércoles no había novedad sobre la fecha de la audiencia donde los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez atribuirán los indicios probatorios contra las personas investigadas. En el comunicado que emitió el lunes por la noche la Fiscalía de Santa Fe se indicó que "la documentación digitalizada será detenidamente analizada en las próximas semanas".
Por este motivo, se presume que no se desarrollará la audiencia en diciembre ni enero, ya que en ese mes hay receso.
"Hoy me enteré que la audiencia se podría hacer en febrero porque los fiscales entienden que tienen la duplicidad de plazos por ser un delito complejo. Voy a presentar un escrito", anticipó el abogado Lewis sobre ese punto.