El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain se presentó este martes en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para recibir la notificación por la formación de una causa penal en su contra por una presunta asociación ilícita. Sin haber sido llevado a una audiencia imputativa, trascendió que esa situación se debe a las investigaciones por espionaje ilegal y una licitación direccionada para la compra de armamento.
El paso de Sain por la sede de la AIC, en Lamadrid al 500 bis, duró pocos minutos, ya que escuchó la lectura de sus derechos y se fue.
La medida fue dispuesta por los fiscales de Delitos Complejos provinciales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes investigan la causa por la licitación direccionada y presunto espionaje ilegal. Son quienes ordenaron el procedimiento en el Ministerio de Seguridad, ocurrido el viernes 26 de noviembre pasado.
Lo que hizo este martes Sain también tendrán que hacerlo Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo suspendida), y el contador Maximiliano Novas, ex secretario de Finanzas, quien aparece en las investigaciones por las licitaciones.
En principio, la notificación los vincula a una presunta asociación ilícita y a delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
A algunos de los involucrados, que podrían no ser los únicos, les secuestraron sus teléfonos personales, como el caso de Montenegro y Novas. Por ahora se conocen medidas y descargos públicos, pero en ninguna de las causas trascendió la prueba en su contra. Los fiscales trabajan con hermetismo y bajo perfil.
Sain se fue en marzo de Seguridad y en noviembre fue destituido del cargo como director del Organismo de Investigaciones, al que había accedido por concurso. Su equipo a fin de noviembre, tras los allanamientos.
Después de los allanamientos y la lectura de derechos, el paso siguiente sería la audiencia imputativa para que los involucrados puedan conocer la prueba y defenderse. La pesada acusación y la pena en expectativa, que es de prisión efectiva, podría derivar en que los fiscales soliciten la prisión preventiva, siempre y cuando la acusación y prueba –que no se conoce– sean sólidas para un juez que debe valorarlas.