Hace 25 años funciona en Rosario el Servicio Asistencial en Drogadependencias y Sida (Sadys) en el Centro de Atención Regional de Salud Mental Agudo Ávila. Sin embargo, de acuerdo a lo que confirmó su directora, Silvia Inchaurraga, el gobierno provincial decidió terminar con esta experiencia. Es por esto que la profesional pide a las autoridades la revisión de la medida y acusa “razones ideológicas y no políticas”.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la psicóloga explicó que el espacio de contención a drogadependientes, sostenido en base a un convenio entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social con el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), no funciona más. Pero, no baja los brazos: “Estamos en este proceso de esperar y pedir a las autoridades provinciales la revisión de la decisión que es equivocada e injusta”, indicó.
La profesional contó que el 30 de octubre pasado, desde la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) les anunciaron el cese del convenio durante una reunión virtual. “Este es un espacio único en la región, de muchos años y reconocimiento, hemos brindado perspectivas de derecho a los que no se acercaban a los servicios de salud”, remarcó y consideró que “los argumentos iniciales son que no encajábamos en el paradigma del abordaje para después pasar a ser mentiras sobre irregularidades en el funcionamiento”.
Y en este sentido, consideró que las irregularidades han sido “no haber renovado el convenio interrumpiendo un servicio con 9 profesionales a los que no se les pagó en 10 meses hasta llegar a este triste final”. También defendió la cantidad de pacientes atendidos y observó: “Son 28 pacientes y no 4 como dice (Mariano) Romero de Aprecod, 4 quedaron la última semana cuando ya se nos notificó que no iba a haber más financiamiento y 5 profesionales habían renunciado. Es una canallada”, planteó.
“Es una mala decisión justificada en cualquier argumento, que se revise esta situación. Ya tenemos un documento con adhesiones de organizaciones y 5 proyectos en la legislatura de distintos colores políticos, no es una cuestión política sino ideológica”, destacó.
Inchaurraga sorprendió al precisar que el espacio recibía 150 mil pesos mensuales para su mantenimiento. “Cerrarlo será un daño muy importante para la gente con la que trabajamos pero sobre todo para aquellos a los que podríamos dar respuesta. No podemos discutir los derechos de los usuarios de drogas a tener un dispositivo con una paradigma diferente”, manifestó.