El Gobierno de España decidió bajar su impuesto equvalente al IVA argentino a los productos de higiene femenina, los preservativos y los anticonceptivos no medicinales. La reducción es del 10 al 4%, según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que la rebaja quedara afuera de la nueva Ley del aborto.
La medida, que se calcula tendrá un impacto de 24 millones de euros en las arcas estatales, se incluirá en el presupuesto de 2023, por lo que se necesitará de la aprobación del Parlamento para que entre en vigor, indicó la agencia de noticias Europa Press.
Tras el anuncio, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se manifestó "muy orgullosa" del acuerdo al que llegó su grupo, Unidas Podemos, con sus socios de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
"También se aplicará a anticonceptivos y a productos de higiene menstrual, estoy muy orgullosa, son productos de primera necesidad", celebró la ministra de Igualdad en una entrevista en la cadena pública RTVE.
Montero advirtió que la "pobreza menstrual es un gravísimo problema" y se declaró satisfecha al haber conseguido acordar con el PSOE esta rebaja que ya habían intentado incluir sin éxito en la Ley del aborto.
Un estudio reciente del instituto de investigación IDIAPJGol, con 22.000 entrevistados, concluyó que el 22,2% de las mujeres no pudo acceder en algún momento de su vida a productos de higiene femenina por dificultades económicas y hasta un 39,9% no puede pagar el producto de su elección, según reveló elDiario.es.
Nueva ley del aborto
La nueva ley del aborto que, entre otras cosas, volverá a permitir a las menores de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente sus embarazos sin permiso paterno, dio el mes pasado un paso más para su aprobación al salir del Consejo de Ministros para que la remita al Congreso, donde deberá ser debatida por los grupos parlamentarios, para después pasar al Senado.
Si bien el aborto se despenalizó en 1985 y se legalizó en 2010, continúa siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde los movimientos antiderechos son muy activos.
Desde la legalización de la IVE, que está autorizada hasta la semana 14 de gestación, un promedio de 100.000 mujeres por año han abortado en el país, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral, según datos oficiales.