El gobernador Omar Perotti giró a la Legislatura dos proyectos en los que veta las denominadas leyes “anti Sain”, es decir, el régimen de incompatibilidades en los organismos del sistema penal y control de gastos reservados que fueron sancionadas en noviembre pasado en medio de un debate que causó un verdadero sacudón político hacia afuera y hacia adentro del peronismo.
De acuerdo a lo que informó la periodista Ivana Fux, el gobernador quien aún se encuentra en aislamiento social y preventivo por coronavirus, mandó al Congreso el mensaje N°4916 por el que veta totalmente el proyecto de Ley sancionado y registrado con el N° 14013, que regula la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, a los cuales define como aquellos destinados exclusivamente para solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas con dichas investigaciones.
Mensaje 4916 by Rosario3 on Scribd
Por otra parte, en el mensaje N°4917, Perotti veta totalmente el proyecto de Ley sancionado y registrado con el N° 14016, el cual modifica el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (Ley N° 13013), del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Ley N° 13014) y del Organismo de Investigaciones (Ley N° 13459).
Mensaje 4917 by Rosario3 on Scribd
Ahora será la Legislatura con sus dos cámaras las que deba aceptar o no los vetos del gobernador y con ello ratificar o dar de baja ambas leyes aprobadas hace apenas unos días atrás. La iniciativa de Perotti es leída como un apoyo al ministro de Seguridad Marcelo Sain. Queda por conocerse si el tratamiento de ambos proyectos se harán en las sesiones extraordinarias.
El nombre del funcionario fue mencionado en el marco de la en la causa por juego clandestino, ya que según la defensa del senador Armando Traferri está detrás de “una maniobra política”, reforzando la idea de una interna del PJ provincial, “utilizando” a Gustavo Ponce Asahad, quien está imputado y detenido por delitos de coimas que él mismo confesó, como instrumento para esa supuesta estrategia.
“En esta causa no tiene nada que ver el ministro Sain como se está mencionando; la imputación que queremos hacer es en base a las pruebas que tenemos”, se defendieron los fiscales.