El arzobispo de Rosario Eduardo Martín respondió a la denuncia de un presunto delito de “Usurpación de autoridad pública” por de haber lanzado un canal para recibir testimonios de víctimas de abuso sexual y buscar reemplazar a la Justicia en ese tema.
A través de un comunicado, monseñor Martín defendió “la puesta en funcionamiento de un sistema de recepción de informes –de ninguna manera “denuncias penales", en el sentido que le dan las leyes estatales– respecto de posibles abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por miembros de las diferentes estructuras de la Iglesia”.
“Su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco de establecer un sistema estable y de fácil acceso al público para disponer de un lugar de encuentro y escucha, así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente”, dice el arzobispado local.
El comunicado añade que “de ningún modo sustituye al ámbito de competencia de la autoridad estatal, sino que tiene como finalidad adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación”.
La carta firmada por Eduardo Martín y el vicario general del arzobispado Emilio Cardarelli indica que esa institución “se atiene y asume lo que decida la justicia de nuestro país, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir”.
“La Iglesia reafirma su compromiso de velar para que en su seno se respire un clima de acogida, respeto y cuidado de las personas, con especial atención a los niños y vulnerables”, concluye el texto.
La demanda difundida este miércoles por este medio fue presentada por el abogado rosarino Carlos Ensinck ante la Fiscalía local y de la ciudad de Santa Fe al entender que la Iglesia no ofrece garantías para las víctimas y que se arroga funciones del Estado que no le son propias.
“Se desconoce qué van a hacer con esa información”, remarcó Ensinck en diálogo con Rosario3 y agregó que “la Iglesia no forma parte del Estado de derecho sino que es una monarquía donde no hay poder Judicial ni legislativo y se facilitan las cadenas de encubrimiento”.