Un nuevo borrador de la ley Ómnibus y del Pacto Fiscal fue enviado a gobernadores y diputados aliados este lunes a la noche. El proyecto declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Además, mantiene la venta de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, entre otras dieciocho empresas públicas. La reforma laboral, a cargo de la UCR, será incorporada en comisiones. El pacto fiscal, que se discutirá en paralelo, incluye modificaciones en Ganancias. La fecha límite que Javier Milei le impuso a sus colaboradores para aprobarlo es el 24 de abril. Así, tendrá un mes para tratar en el Senado y llegar al pacto del 25 de mayo con las reformas sancionadas.
De acuerdo a lo que informa el diario Página 12, la versión acotada de la megaley, que incluye desregulaciones económicas, facultades delegadas y privatizaciones, tendrían el visto bueno en general de los bloques aliados. En el debate en comisiones le incorporarán, además, un capítulo de reforma laboral. El objetivo es introducirle cambios al proyecto original, que aún conserva estado parlamentario, debatirlo en comisiones la semana que viene y sancionarlo antes de fin de mes. En el oficialismo se muestran abiertos a discutir el texto y aseguran que aprendieron la lección del fracaso anterior.
De los 664 artículos de la ley Bases original más de la mitad fueron eliminados; quedaron 279. Entre los puntos destacados aparece la declaración de emergencia pública y delegación de facultades por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética. En comparación con la iniciativa anterior, se redujeron las emergencias a cuatro -son once en total- y no existe la posibilidad de prórrogas. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá informar "mensualmente y en forma detallada" al Congreso "acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".
La reforma laboral, en tanto, no forma parte del borrador y quedó a cargo de los diputados de la UCR. Sería incorporada en el debate en comisiones. En principio, se limitaría a brindar beneficios para las empresas como blanqueos, moratorias y condonación de deudas. Evitaría, así, otros puntos de mayor conflicto con las centrales obreras como los aportes sindicales o la prohibición de las protestas. En el medio, el Gobierno se reunirá hoy con los dirigentes de la CGT.
En la nueva versión del proyecto, de las más de 40 empresas sujetas a privatizar, la lista se achicó a 18 y se fijaron diferencias entre venta total, parcial o concesión. En el primer grupo figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina; en el segundo, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio; y en el tercero, AYSA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Respecto al proceso de privatización, el artículo 13 del texto indica que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá realizar "un examen de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros" y que ese análisis tendrá que ser presentado ante una Comisión Bicameral del Congreso. Sobre las ventas parciales también aclara que el Estado Nacional deberá "mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En cuanto a las desregulaciones económicas, se establecen modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de "las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa". Asimismo, se crea "el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)".
En términos previsionales, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.
Las modificaciones ahora están en manos de los gobernadores y de los bloques amigables (PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal), que adelantaron su apoyo en términos generales. "Estamos ante una ley Ómnibus bastante más razonable", resumió ayer el diputado Nicolás Massot.
En el calendario oficialista figura el 17 de abril como el día en que esperan tratar el dictamen en comisiones. Ahí le introducirán los cambios al proyecto que fue rechazado en febrero y que aún tiene estado parlamentario. La idea es aprobarlo una semana después en el recinto de la Cámara de Diputados. La fecha límite que Milei le impuso a sus colaboradores es el 24 de abril. Así, tendrá un mes para tratar en el Senado y llegar al pacto del 25 de mayo con las reformas sancionadas.
Capítulo fiscal
El capítulo fiscal, que sí deberá ingresar al Congreso, incluye la restitución de Ganancias. Se trata de la reversión del impuesto para la cuarta categoría, que establece un piso de 1.8000.000 pesos para los trabajadores solteros y 2.300.000 para casados.
Este punto fue una de las grandes discusiones que hubo en las distintas reuniones que realizaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto a los gobernadores y los diputados aliados. El proyecto incorpora también una moratoria de deudas impositivas, aduaneras, y de la seguridad social; el blanqueo de capitales; modificación de Bienes Personales, e impuestos internos; y del monotributo, entre otros temas.
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