El Gobierno oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el decreto 959/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Esta medida impide la asignación hereditaria de puestos en la administración pública, práctica que, hasta ahora, permitía a familiares o cónyuges de empleados fallecidos ocupar sus posiciones en entidades como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Banco Central y el Banco Nación.
La publicación fundamenta esta decisión con una serie de considerandos que enfatizan los principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. En primer lugar, señala que “la Constitución Nacional reafirma la concepción liberal de nuestra República al reconocer en su Preámbulo el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad y el ejercicio de las libertades individuales de los habitantes”.
El Gobierno nacional lo anunció el pasado viernes y aseguró que la medida cumple el objetivo de ponerle “fin de los cargos hereditarios en el Estado nacional”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, que contó con la presencia del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordó que “algunos organismos del Estado como la extinta Afip, el Banco Central, Anses o Banco Nación incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios” a los que consideró “privilegios de sangre” que también existen “en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias”, como el caso del Banco Provincia.
“Se acabó la lógica del Estado como un botín, a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada; en la Argentina de las ideas de la libertad los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, nadie tiene sangre azul”, apuntó el Vocero.
Por su parte, al referirse al tiempo histórico y al partido político que implementó la medida del cargo hereditario, Sturzenegger precisó que la normativa del Banco Nación y del Banco Central “es de 1973, gobierno peronista; Anses es el año 1998, gobierno peronista; Aduana es de 2008, gobierno peronista; YPF es 2012, gobierno peronista y Ferrocarriles es de 2015, gobierno peronista”. Sintetizó: “En Argentina hay dos visiones, la liberal republicana y la medieval de la casta”.
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En otro orden, el Vocero también anunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, “va a subastar más de 400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado”. Se estima que esos inmuebles, entre los que se cuenta el que ocupaba el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el barrio de San Telmo, “tienen un valor de 800 millones de dólares”.
Las primeras subastas de edificios públicos van a ocurrir antes de fin de año y se publicarán de manera progresiva en los próximos días en argentina.gob.ar/bienesdelestado. Asimismo, el Gobierno impulsa la venta de inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico: “Los argentinos de bien merecen recuperar lo que el crimen organizado y los políticos corruptos, que no es otra cosa que el crimen organizado, les quitaron”, afirmó.
Adorni también consignó que en un operativo diseñado por la Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia, “se logró capturar a 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral”. A mediados de este año, una auditoría realizada por ANDIS sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó una actividad fraudulenta a gran escala con desvío de fondos de alrededor de 1.000 millones de dólares solo en el año 2023.
En tanto, el Vocero Presidencial informó que “tras una inversión de más de 800 millones de dólares” Posco Argentina inauguró una nueva planta de litio en General Güemes, Salta, que “contará con una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio y se convertirá en la mayor productora de la región”. Además, indicó que la empresa “ya lleva invertidos 1.600 millones de dólares en la Argentina, y en total invertirá 4.000 millones de dólares en todo el proyecto que hasta ahora generó 4800 empleos directos e indirectos”.