El Concejo municipal de Rosario puso en la mira de la comisión de Planeamiento a un arquitecto y una empresa desarrolladora por incumplimientos reiterados en las normas de construcción. Se trata de Luis Luciani y la firma Altea S.R.L. que, de acuerdo a la sospecha planteada, podría haber tenido como modus operandi el construir pisos por fuera de los habilitados para obtener un rédito económico y sabiendo que luego iba a obtener la excepción.
“No es un tema nuevo, pero se da una situación muy particular que ameritó que, como comisión, hagamos un pedido de informes al Ejecutivo”, explicó en el recinto la concejala Fernanda Gigliani. Además, la edila detalló que la sospecha contra el arquitecto se activó a partir de una audiencia que tuvieron hace unas semanas con vecinos que forman parte del fideicomiso de Balcarce 16, uno de los desarrollos de Luciani y Altea.
De acuerdo al testimonio de los damnificados, hay personas que compraron hace diez años o más un departamento en ese edificio y no pueden escriturar porque la construcción está por fuera de la normativa vigente. “El que vino a gestionar la excepción es un particular que aseguró que quienes se hicieron cargo de la construcción del edificio no lo estaban resolviendo y en la práctica eso significa que la gente no puede escriturar ese inmueble”, agregó Gigliani.
Con ese pedido del particular, los ediles comenzaron a atar cabos y detectaron lo que creen que puede ser la “punta del iceberg” de una conducta habitual de Luciani y Altea. Contando el de calle Balcarce, constataron al menos cuatro pedidos de excepción que ingresaron al Concejo para habilitar edificios construídos por Luciani.
Uno de esos pedidos ingresó en agosto del 2023 cuando en la comisión de Planeamiento recibieron a la arquitecta Silvia Rigatuso y al constructor Carlos Cueto. Ambos se presentaron para solicitar la habilitación del edificio Lares III ubicado en Urquiza 3231.
La arquitecta Rigatuso indicó que “en su momento el profesional actuante –que no era ella- propuso para hacer frente a los problemas financieros y poder entregar a los adquirentes sus departamentos, construir unidades de más”. “Confiamos en otro profesional quien nos dijo que eso se podía hacer y que luego se regularizaba”, detalló el propio Cueto que, ante la consulta sobre quién fue ese profesional, remarcó: “El arquitecto Luis Luciani, quien, por esto, nos decepcionó”.
En ese momento fue el concejal Martín Rosúa el que recordó que ese mismo profesional acumulaba antecedentes similares y la presidenta de la comisión, Nadia Amaleva, remarcó que “lo más justo es que no gane y se le aplique una multa”. También planteó la necesidad de comunicar la situación al Colegio de Arquitectos.
Además de traer este antecedente y otros dos más (uno ubicado en Urquiza al 3800 y el otro en Gálvez al 1700), Gigliani advirtió que, de avanzar con sanciones, los que las terminan pagando son los propios damnificados por el arquitecto que invirtieron y pasaron a formar parte del fideicomiso al que se le aplican las multas.
“La realidad es que la mayoría de ellos simplemente invirtieron para tener su vivienda, no son los que hicieron el proyecto, los que llevaron adelante la obra y se comen un garrón teniendo que abonar las sanciones”, reconoció la concejala.
Ante esto, Gigliani agregó: “En algún momento si no le ponemos el cascabel al gato y tomamos decisiones ejemplificadoras, va a haber un modus operandi que se va a extender con el paso del tiempo. En la práctica esto implica que dejemos desprotegidos a muchos rosarinos y rosarinas poniendo en riesgo su patrimonio porque, en definitiva, estas excepciones van a costar mucho dinero y las van a tener que afrontar los propios particulares que viven en esos inmuebles”.
En ese misma sintonía se manifestó el concejal Agapito Blanco quien remarcó que “la mayoría de los inversores de Rosario, que tienen la posibilidad de tener la vivienda propia o un inmueble, son compradores de buena fe que se convierten en integrantes de un fideicomiso que es el propietario y administrador de ese proyecto inmobiliario”.
“Esos fideicomisos vencen, los fiduciantes o no saben, o por el hecho de que en breve empieza el proceso de adjudicación, no lo renuevan. Esto es parte del uso y costumbre, como que un fiduciario sea el desarrollador, que es algo incompatible. Mientras no pasa nada, no pasa nada. El problema es cuando pasa, como acá. La realidad es que, después de haberle puesto las multas que le queramos poner al constructor y desarrollador, el que las termina pagando es el comprador, porque si no, no les escrituramos”, se explayó.
Sobre Luciani, Blanco reconoció que tiene antecedentes similares y remarcó la necesidad de recibir explicaciones sobre “cómo es posible que, con esos antecedentes, este señor pueda seguir construyendo”. “El municipio tiene la obligación de fiscalizar”, recordó.
El rol del Colegio de Arquitectos
Además del pedido de informes, la concejala Fernanda Gigliani pidió agregar en el proyecto un pedido para que el colegio de Arquitectos de Rosario detalle si hay iniciadas actuaciones en su tribunal de Ética contra Luciani.
“Nosotros tuvimos muchas reuniones con el Colegio, vinieron a hacernos objeciones respecto al reglamento de edificación y la potestad que tiene el municipio para suspender la firma de un profesional. Aducen que eso es facultad propia del Colegio y su propio tribunal de Ética. Lo que pasa es que, justamente, no pasa nada”, reclamó.
Ante la inactividad del tribunal de Ética de los arquitectos, Gigliani remarcó la importancia de que sea el propio municipio el que proceda a sancionarlo y no aceptar más desarrollos con su firma. “Cada vez que nosotros votamos una excepción giramos las actuaciones a los colegios profesionales para ver si en algún momento deciden aplicar alguna sanción. Yo soy de las que cree que el Estado municipal, no teniendo que admitir actitudes inescrupulosas que están ligadas a la falta de ética en el ejercicio profesional, puede suspender la firma de un profesional en la ciudad”, insistió.
Pese al revuelo que generó este tema, según pudo averiguar Rosario3, desde hace unos años que Luciani se radicó en otro país y no se dedica más al desarrollo inmobiliario, al menos en la ciudad.