La Cámara de Diputados aprobó, en la maratónica sesión que comenzó el lunes y continuaba este martes, la incorporación a la ley Bases del capítulo referido a los impuestos al tabaco. Fue por 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. La sesión parlamentaria también incluyó la aprobación de modificaciones en otros capítulos, como el de la reforma laboral, las privatizaciones y cambios en el régimen de jubilaciones.
El artículo que eleva los impuestos que se cobran por la venta de cigarrillos fue reincorporado sobre el final de la sesión por pedido de la oposición, puesto que el Gobierno lo había retirado del texto original del nuevo proyecto de ley.
La propuesta original, que se trató en enero y se retiró en febrero en la Cámara Baja, proponía igualar los impuestos para todas las empresas del sector tabacalero, con el objetivo de corregir las desigualdades existentes y garantizar una competencia justa en el sector. Por su parte, el texto actual indica que los impuestos internos al tabaco pasarán del 70% al 73% y elimina el tributo mínimo.
Entre los artículos sobre el tabaco incorporados este martes en la Ley Bases se lee: "Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73 %). Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional".
El perjudicado por esta modificación votada en la actual ley es Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores gracias a un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo.
Sobre este tema, desde la Afip explicaron lo siguiente: "El impuesto interno a los cigarrillos grava con una alícuota del 70% su expendio; el precio sobre el que se aplica la alícuota no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza por inflación cuatro veces por año. Al fijo se lo llama impuesto mínimo. Algunas empresas, a través de medidas cautelares judiciales han evitado pagar el impuesto sobre el monto mínimo".
Impuestos que perjudican al "Señor del Tabaco"
La incorporación de los cambios en los impuestos al tabaco afectan principalmente al empresario Pablo Otero, dueño de la controvertida Tabacalera Sarandí y conocido como el "Señor del Tabaco".
La empresa se ha visto beneficiada por una serie de cautelares a partir de la judicialización del Impuesto Interno Mínimo, que equivale a unos $792,73 por paquete. En la práctica, esto le posibilita comercializar sus productos a un valor que se encuentra por debajo del promedio del mercado, lo que constituye una competencia desleal.
Durante los últimos ocho años, Tabacalera Sarandí pasó a controlar gran parte del mercado desplazando a tradicionales empresas internacionales. Según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que cita La Nación, Otero acumuló su fortuna gracias a una evasión recurrente y sistemática de impuestos que se prolongó durante años.
Mientras Tabacalera Sarandí declaraba ante la Afip ventas de sus tres principales marcas de cigarrillos a precios que varían entre 500 y 650 pesos el atado, sus productos se comercializaban por alrededor de $1000 y $1200 en los kioscos.
Es decir, alrededor del 50% de ese valor final de venta los consigue eludiendo el pago del tributo que sí abonan otras tabacaleras y que, en promedio, equivale al 76,9% del precio del paquete de cigarrillos.
Esta carga impositiva es una estrategia del Estado nacional para desalentar el consumo de cigarrillos. Ese porcentaje incluye impuestos internos, IVA, recaudación para el Fondo Especial del Tabaco –que se distribuye a las provincias productoras– y el Fondo de Asistencia Social, entre otros impuestos.
Según un informe de la consultora Abeceb de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero –resplicadas también por otras tabacaleras mucho más pequeñas– le permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 40% en 2023.
A su vez, el accionar irregular de estas compañías generó una "pérdida de recaudación acumulada de USD 5.823 millones entre 2018 y 2023" para el Estado nacional, según el informe. También distorsiona las condiciones de competencia en un sector importante de la economía.
En paralelo, los precios reducidos promueven el consumo de cigarrillos, generando un problema ya no solo impositivo sino también de salud pública. De acuerdo con un informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA, el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, lo que se traduce en el 14% del total de muertes.
En concreto, se estima que esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en el país a contramano de la reducción del 2% promedio en el consumo de cigarrillos en el mundo, señalaron desde Abeceb.