El ex funcionario municipal de la ciudad de Santa Fe descubierto in fraganti en una cueva atestada de moneda nacional y extranjera prestó declaración indagatoria este viernes ante el Juzgado Federal de esa localidad por delitos de defraudación con tarjetas de débito, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, es decir, compraventa de moneda extranjera sin permiso del Banco Central.
El expediente de Puerto Amarras –como se denomina la zona inmobiliaria del puerto de la capital provincial donde se descubrió la cueva financiera– por el momento sólo tiene imputado a Ángel Yamil “Turco” Benavídez (39), militante radical, ex funcionario municipal y ex asesor del Concejo capitalino. Este hombre se negó a declarar ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa, que lo dejó detenido preventivamente por los delitos antes citados.
La causa se inició con el hallazgo de 45 millones de pesos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales. Y, no menos importante, 39 tarjetas de débito del banco Santander a nombre de distintas personas y documentación diversa. Posteriormente, la Justicia federal, a través del juez Cuello Murúa y el fiscal Walter Rodríguez, libró más de una decena de allanamientos en distintos puntos, como ser un estudio jurídico, una vivienda de un country privado, y luego en cuatro sucursales bancarias del banco Santander, en la ciudad capital, Esperanza y San Jorge.
La periodista Ivana Fux explicó en De 12 a 14 que los allanamientos al Santander tuvieron como objetivo la búsqueda de información respecto de las 39 tarjetas de débito halladas en Puerto Amarras, que configuraron el delito de defraudación.
El fiscal Rodríguez explicó en conferencia de prensa que Benavídez está sospechado de “obtener datos de identidad de terceras personas para poder canalizar vía bancaria un producto –el plástico– y después mal utilizarlo como producto financiero”.
Los indicios apuntan en una misma dirección: los titulares de las tarjetas son personas de bajos recursos, radicadas en una misma zona de la ciudad, cuyos datos fueron o bien robados u obtenidos mediante captación.
Esas personas están siendo entrevistadas y, según trascendió, ni siquiera estaban al tanto de que su identidad estaba siendo utilizada para abrir cuentas bancarias. Hay más: cada cuenta registró movimientos de sumas millonarias. Y no se descarta que esos movimientos se correspondan con el dinero físico que le fue hallado a Benavídez en la cueva de Puerto Amarras.
Las cuentas bancarias, trascendió, fueron activadas por tandas, en los mismos días. Los fines de estas operaciones, se sospecha, pueden ser “proselitistas”.
En tanto, el fiscal Rodríguez explicó someramente que en un celular incautado que fue peritado “están graficadas las operaciones” de dinero.
Además, la Fiscalía libró oficios al Consejo Municipal para obtener información sobre el desempeño de Benavídez durante su paso como asesor. Otra comunicación fue diligenciada al Ministerio de Economía de la provincia, donde se desempeña María Laura Miassi, esposa de Benavídez. La mujer, funcionaria de carrera, no está vinculado con el expediente federal, al menos por el momento.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegó a Puerto Amarras por la denuncia de un ciudadano chileno que había sido desalojado del lugar sin aviso por la propietaria, a partir de la demora en el pago del alquiler. La dueña cambió la cerradura y admitió el ingreso de un hombre de 40 años, como ocupante temporario, indicaron fuentes policiales.
El ciudadano chileno, que opera negocios en la región, hizo una presentación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que, previa mediación negativa, solicitó allanar para recuperar los bienes en una investigación por los delitos de violación de domicilio y retención indebida.