Los jóvenes rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa atraviesan la cuarentena por coronavirus encarcelados y, de acuerdo a lo que trascendió, con algunos cambios en lo referente a la vida carcelaria. Mientras tanto, están a la espera de novedades en la causa tras una serie de presentaciones efectuadas por el abogado que los defiende.
De acuerdo a lo que publica el sitio El Trece, Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) siguen detenidos en el Pabellón 6 de la Alcaidía La Plata 3 de Melchor Romero, donde están alojados en celdas de a dos.
Fuentes penitenciarias indicaron que tienen dos horas de recreo diarias para salir al patio y que lo hacen los ocho juntos; y que antes de la crisis por la pandemia, los demás internos los insultaban y les gritaban pero ahora su presencia pasa más inadvertida.
En tanto, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, pidió que se rechace por "inadmisible" el pedido de la defensa de los rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero pasado en Villa Gesell, para que se anulen sus declaraciones, se aparte a la fiscal de la causa y cese la prisión preventiva de todos ellos.
El dictamen fue presentado ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de dicho departamento judicial, la cual podría resolver la cuestión la semana próxima.
Fuentes judiciales informaron a Télam que si bien el lunes 30 de marzo los camaristas Susana Darling Yaltone y Fernando Sotelo se apartaron de la causa por cuestiones de salud ante la expansión del coronavirus y fueron reemplazados por los jueces Lía Raggio y Daniel Rezzónico; esta tarde, la sala, con su restante integrante Luis Defelitto, resolvió finalmente mantener su composición original.
Entonces, los integrantes originales deberán resolver el recurso de apelación presentado por el defensor Hugo Tomei contra el fallo del juez de Garantías David Mancinelli, quien en febrero último, luego de procesar con prisión preventiva a ocho de los diez acusados, no hizo lugar a su pedido de anular las declaraciones de todos ellos y apartar a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.
En su dictamen de nueve hojas al que accedió Télam, Escoda consideró "inadmisible" el recurso que había presentado la defensa, en el que también cuestionaba que no se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, por lo que todo lo actuado luego sería inválido, incluso las indagatorias y los procesamientos.
Para Escoda, el defensor "no agrega ni menciona qué es lo que hubiera sucedido en esa audiencia y por qué motivos se les ha vulnerado sus derechos constitucionales".
"La nulidad no puede ser dictada por la nulidad misma", sostuvo el fiscal general.
Sobre las pruebas objetadas por la defensa, el dictamen mencionó que pidió la nulidad de dos testimoniales, lo que a Escoda le resultó "sorprendente" ya que Tomei estuvo presente en las ruedas de reconocimiento e "interrogó" a esos testigos pero en ese momento "no formuló cuestionamiento alguno".
Por último, Escoda concluyó que en base a las acciones posteriores al hecho que ejecutaron los acusados, "los peligros de fuga y entorpecimiento probatorio se encuentran más que vigentes".
Las partes debieron presentar sus argumentos ante la Cámara por escrito luego de que, a raíz de la expansión del Covid-19, se suspendió la audiencia del 19 de marzo, cuando cada uno iba a hacer una exposición oral ante los magistrados.
Tras el dictamen del fiscal y la argumentación del particular damnificado, Tomei presentó el lunes último dos informes en los que insistió en los fundamentos de sus apelaciones.
En línea con sus planteos ante la Justicia de Garantías y la propia Cámara, el defensor apuntó a las presuntas nulidades de la causa y sostuvo que "no se puede transitar un proceso penal sin que el Estado explique a cada imputado en detalle y de manera individual el hecho material, cual es la imputación y cuáles las pruebas de cargo".
Tomei insistió en que debe dictarse la nulidad de todo lo actuado desde la noche del 19 de enero, el día posterior a la detención de los rugbiers, en sus escritos de unas cien páginas en total.
Por otro lado, esta semana comenzó en la Asesoría Pericial del Ministerio Público Fiscal con sede en Junín el cotejo del material genético hallado en el cuerpo de la víctima y las prendas de vestir de los acusados con el ADN de los rugbiers.
Más información